MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno está a la espera de que Bruselas defina qué competencias para la regulación del Brexit se reservarán a la Unión Europea y cuáles quedarán en manos de los Estados, para ultimar el decreto ley que tiene previsto aprobar en febrero con los planes de contingencia ante la posibilidad de que finalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produzca sin acuerdo el próximo 29 marzo.
Así lo ha comunicado este miércoles a los grupos parlamentarios el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Antonio Montilla, en el encuentro que ha mantenido en el Congreso con representantes de los grupos parlamentarios.
Se trata de la segunda reunión que organiza el Gobierno con los partidos para informarles de sus gestiones ante el Brexit. En la primera, que tuvo lugar el pasado 16 de enero bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya se acordó crear un grupo de trabajo, coordinado por Montilla, para mantener a los grupos al tanto de los avances en esta materia.
Concretamente, a la cita de este miércoles han asistido, entre otros, José Enrique Serrano (PSOE), Pablo Bustinduy (Unidos Podemos), Fernando Maura (Cs), Jordi Xuclà (PDeCAT) Idoia Sagastizabal (PNV), Joan Baldoví (Compromís) e Íñigo Alli (UPN).
DIRECTIVA EUROPEA
Aunque todo está supeditado a cómo se desarrollen los acontecimientos, teniendo en cuenta que el Parlamento británico ha reclamado a la 'premier', Theresa May, que negocie un nuevo acuerdo con la UE, el Gobierno ya está preparando esos planes de contingencia que aglutinará en un decreto ley.
Según han explicado a Europa Press asistentes a la reunión, Montilla ha indicado que todos los ministerios están ya trabajando en esa regulación, con independencia de que, después, Bruselas determine que algunas competencias no serán de los Estados sino europeas. Los asuntos que finalmente queden bajo paraguas europeo se regularán mediante una directiva que tendrá que ser transpuesta por cada Estado de forma urgente.
La intención de Gobierno es aprobar el decreto ley en Consejo de Ministros en febrero. A partir de su aprobación, el Congreso contará con un mes como máximo para convalidarlo y los grupos han coincidido en la conveniencia de que la Cámara Baja le dé su visto bueno en todo caso antes del 29 de marzo, fecha en la que, de no haber una nueva prórroga, se hará efectivo el Brexit.
En este decreto ley se incluirán cuestiones relativas a los derechos de los ciudadanos españoles que residen en Reino Unido y de los británicos que viven en nuestro país, así como a la situación en la que quedarán las empresas que trabajan en cada uno de los países, con especial atención al sector bancario, aeronáutico (Iberia) y el agroalimentario. La idea es que todas las medidas de contingencia se apliquen también en el Reino Unido en virtud del criterio de reciprocidad.