- La decisión del Parlament continuaba con el proceso independentista en la comunidad
- El pleno del Constitucional suspende el documento por unanimidad
- Es el primer paso para la adopción de medidas como la imposicón de multas o la apertura de procesos penales a los responsables
El Tribunal Constitucional ha decidido este lunes por unanimidad suspender la resolución aprobada en el Parlament de Cataluña, en la cual se confirmaban las conclusiones de la Comisión de Estudio del llamado proceso constituyente en la comunidad. Mediante este documento se continuaba así con la vía unilateral de la independencia de Cataluña.
Esta decisión supone un primer paso para posibles multas o aperturas de procesos penales a los responsables del proceso
El pleno del Tribunal Constitucional, reunido desde las 12:30 de la mañana, ha pedido a su vez a la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, así como a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la cámara para que en el plazo de 20 días se informe acerca del cumplimiento de la sentencia del alto tribunal del pasado 19 de julio, en el cual se advertía a la cámara catalana de que esta iniciativa vulneraba la Constitución española.
Los once magistrados del TC abren por tanto una vía para adoptar las medidas pedidas por el Gobierno, como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria. Fuentes del tribunal de garantías han señalado a Europa Press que la decisión del Constitucional no supone necesariamente la adopción aún de estas medidas, aunque sería un primer paso para poder llevarlas a cabo.
UNAS CONCLUSIONES PARA SEGUIR CON EL PROCESO INDEPENDENTISTA
El pleno del Parlament aprobó el pasado miércoles las conclusiones de la comisión de estudio que apuestan por impulsar un proceso constituyente en Catalunya, y ello pese a que el Tribunal Constitucional (TC) advirtió de que esta iniciativa vulneraba la Constitución de España.
El Constitucional pidió a los diputados y miembros de la Mesa que impidieran la votación, algo que al final no sucedió: la iniciativa prosperó con el apoyo de JxSí y la CUP. SíQueEsPot por su parte votó en contra, mientras que el resto de grupos no participaron en la votación.
Las conclusiones que fueron aprobadas contemplan que Cataluña impulse un proceso constituyente que derive en la independencia catalana y prevé diseñar un "mecanismo unilateral de ejercicio democrático" para que los catalanes refrenden el Estado catalán.
PETICIÓN EXPRESA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
El Ejecutivo de Mariano Rajoy emplazó al tribunal a "deducir testimonio de particulares" para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder, lo que en la práctica supone que el tribunal remita a la Fiscalía el conjunto de actuaciones desarrolladas por Forcadell para que, "en su caso", se pueda proceder penalmente contra ella, algo que de momento no sucederá.
Por otra parte, la Abogacía del Estado también pidió al Tribunal Constitucional que emplace a una serie de responsables públicos catalanes (entre ellos el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont) que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de "desconexión".
El Ejecutivo reclamaba que se les avise de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la "observancia" de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales. En concreto, quiere que se imponga a los responsables del Parlament la prohibición expresa de convocar a los órganos de la Cámara para debatir y votar ninguna iniciativa que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a la resolución impugnada.
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