El choque de trenes ya está aquí: Cataluña abre la mayor crisis institucional de España en 40 años

El 1 de octubre de 2017 ya es historia. Literalmente. De la que se escribe con mayúsculas y de la que quedará grabada en los libros. Lo que falta por saber, y no es poco, es su desenlace. Es decir, si lo visto este domingo promoverá la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte del Govern que preside Carles Puigdemont, algo que el propio president ha sugerido en la comparecencia que ha ofrecido en la noche del domingo, o si, por el contrario, abre una nueva vía que remueva el juego de las fuerzas políticas en España que sea capaz de reactivar el diálogo entre las partes implicadas e, incluso, forzar nuevas elecciones tanto en Cataluña como en España para desatascar el panorama actual.

Porque está atascado, puesto que el tantas veces anunciado 'choque de trenes' ya está aquí. Ha quedado patente en un 1-O en el que nadie ha ganado y todos han perdido. Puigdemont se queda con una votación sin censo ni garantías, con lo que tiene difícil apalancarse en ella para dar el paso de declarar la DUI y con lo que, además, ha incumplido el compromiso de realizar un referéndum, porque lo cierto es que nunca estuvo cerca de conseguirlo y sólo siguió adelante con una convocatoria que vulneraba la ley. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se queda con que sus decisiones arruinaron las intenciones del Govern, pero no impidieron que miles de catalanes salieran a votar y que las imágenes de la Guardia Civil cerrando colegios y requisando urnas dieran la vuelta al mundo.

"Hoy no se ha celebrado ningún referéndum de autodeterminación en Cataluña", ha afirmado con rotundidad Rajoy en una intervención que no se ha producido hasta pasadas las 20 horas, ya con los colegios cerrados. Oficialmente ha sido así, como también lo es que se han visto las urnas y las papeletas que él aseguró que nunca se verían. O dicho de otro modo, ni Puigdemont ha conseguido su referéndum ni Rajoy lo ha impedido del todo.

EL CENSO UNIVERSAL COMO REMATE

Era lo que se intuía desde que el Parlament aprobó la celebración de la consulta y desde que el Tribunal Constitucional declaró ilegal el referéndum. Pero las intuiciones ya son realidad. El pulso ha llegado al límite. O más allá, porque la consulta los ha superado. Volvió a quedar de relieve este domingo. Sin censo oficial, sin Sindicatura Electoral, sin mesas electorales definidas ni interventores, el paso adicional se produjo a primera hora del domingo, cuando las autoridades catalanas acordaron instaurar un censo universal, mediante el que cualquier persona podría votar en cualquier colegio -o en las calles, donde también se pusieron urnas- con el objetivo de estimular la participación pese al cierre de los colegios. Es decir, una nueva torsión para sacar las urnas a la calle, pero al mismo tiempo otra violación de la propia ley del referéndum aprobada en el Parlament y otra sombra de sospecha sobre la consulta, ante la imposibilidad de hacer un recuento estricto o de saber si una persona pudo votar en más de una ocasión.

Ninguno logró lo que quería. El Govern no consiguió su referéndum. Y el Gobierno no lo impidió del todo, con miles de personas votando e imágenes comprometidas para el relato que Moncloa pretende

Los cierres de los colegios han seguido al anuncio del censo universal. Hasta 92 se han cerrado, según los datos de Interior, que fueron clausurados por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, los Mossos d'Esquadra solicitaron su intervención para cumplir las órdenes judiciales, una petición que no hizo sino incrementar las sospechas en torno a la actuación de los Mossos. De hecho, ya se han abierto las primeras diligencias contra los Mossos en al menos seis juzgados ante la posibilidad de que hayan cometido un delito de desobediencia.

En contraste, la Generalitat ha puesto el acento en los heridos por las cargas policiales. Más de 800, según las autoridades catalanas. Interior, por su parte, ha comunicado que 19 policías y 14 guardias civiles también han resultado heridos.

Esta situación ha abonado el terreno para las versiones. Y para los también esperados cruces de declaraciones. "Las cuotas de vergüenza a las que ha llegado el Estado le acompañarán para siempre", ha acusado Puigdemont. "No ha habido referéndum ni apariencia de tal", ha replicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien no ha dudado en tachar de "farsa" lo acontecido este domingo en Cataluña. Lo mismo ha ocurrido con respecto a la intervención de la Policía y la Guardia Civil. Mientras el Gobierno ha alabado su "profesionalidad" y su "proporcionada" respuesta, desde del Govern se ha atacado su presencia y su desmedida actuación.

Al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la actuación policial. Aunque ha reiterado su compromiso con el "Estado de Derecho", frente a la "irresponsabilidad" del Govern, pero no ha dudado en asegurar que las cargas policiales evidencian que "el Gobierno ha superado los límites de su incapacidad".

PETICIÓN DE DIMISIONES

Pero los choques dialécticos han ido más allá, porque la jornada también ha arrojado el previsto cruce de declaraciones y de responsabilidades. Mientras el ministro Zoido ha definido lo vivido este domingo como "un auténtico paripé" y ha apelado a que Puigdemont detuviera el proceso activado desde el Govern, otras voces han solicitado la dimisión de Rajoy.

Diálogo y política es la receta. No parece demasiado. Sin embargo, se antoja difícil encontrar el modo en que Moncloa y el Govern lograrán rebajar la temperatura de la tensión

Entre ellas, la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha pedido "la dimisión de Rajoy" y ha calificado de "cobarde" su actitud por parapetarse en jueces, fiscales y policías. El diputado de ERC Gabriel Rufián ha ido más allá y, además de pedir igualmente la renuncia de Rajoy, ha solicitado la dimisión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Ni Rajoy ni Puigdemont han estado a la altura", ha añadido asimismo el secretario del PSC, Miquel Iceta, que les ha emplazado a convocar elecciones en Cataluña y España si no son capaces de retomar el diálogo.

EL DIFÍCIL 2 DE OCTUBRE

Este crispado escenario confirma otra de las presunciones previas al 1-O: la dificultad de gestionar el 2-O. Los preludios apuntaban a que el auténtico reto consistiría en gestionar el día después. Y, de nuevo, lo acontecido este domingo las constatan.

"Yo no voy a cerrar ninguna puerta", ha asegurado Rajoy en su discurso. Y Sánchez le ha exigido que "negocie" con el Govern. La CUP, por si acaso, quiere mantener tensa la cuerda. Y ha anunciado una huelga general para el 3 de octubre, como señal evidente de que por su cabeza no cabe ni un paso atrás. La huelga como paso para mantener caldeado el ambiente y que el Govern entienda que no hay otra opción que la DUI.

En contraposición, diálogo y política es la receta que viene desde distintos foros y ámbitos de opinión. No parece demasiado. Sin embargo, se antoja difícil encontrar el modo en que Moncloa y el Govern lograrán rebajar la temperatura de la tensión para encontrar un punto en el que puedan sentarse a negociar. O un resquicio en el que las diferentes partes puedan apoyarse para tratar de reconducir una situación que ha abierto la mayor crisis institucional en España desde 1978. Parece difícil. Ojalá no sea imposible.