BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)
EH Bildu ha presentado una proposición no de ley para su debate en el Parlamento Vasco en la que propone pedir a la Iglesia católica que devuelva las propiedades registradas "ilícitamente" desde 1978, y solicita la comparecencia del obispo Ignacio Munilla por ser Guipúzcoa el territorio "con más inmatriculaciones".
En concreto, la iniciativa presentada por el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona insta al Gobierno Vasco a que se ponga en contacto con los obispados de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa para solicitarles "la devolución de las propiedades que han venido registrando de manera ilícita desde 1978".
Según la propuesta, la Iglesia tendría opción de volverlas a poner a su nombre después, "pero de forma legal, de una en una y en las mismas condiciones que cualquier otra persona o institución, es decir, de manera pública y teniendo en cuenta los derechos de terceros".
Estarrona también ha pedido la comparecencia del obispo de Guipuzcoa, José Ignacio Munilla, por ser el suyo el obispado de la Comunidad Autónoma Vasca "con más propiedades inmatriculadas, el 73% del total".
El parlamentario de EH Bildu apunta que la Iglesia católica "se ha servido primero de una ley de 1946 y luego de una reforma legal de 1998 para registrar a su nombre bienes que pertenecían legítimamente a los pueblos".
En ese sentido, recuerda que la Ley 13/2015 "puso límite a esa situación hace tres años pero, al carecer de retroactividad, no ha significado la devolución por parte de la Iglesia de las propiedades inmatriculadas hasta entonces", objetivo que tiene ahora la iniciativa parlamentaria de EH Bildu.
Para ello, Estarrona plantea que el Ministerio español de Justicia remita al Gobierno Urkullu toda la información sobre las inmatriculaciones realizadas desde 1946 en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Propone asimismo a Lakua que cree con las diputaciones y Eudel una comisión especial abierta a juristas e historiadores "para identificar, defender y recuperar todas las inmatriculaciones" y le insta, además, a ayudar a los ayuntamientos y concejos en la tarea de recuperar los bienes registrados ilícitamente por la Iglesia.