Del 1-O al 10-O: Puigdemont se asoma a una independencia sin amparo legal ni histórico

El pleno del Parlament arrancará a las 18 horas. Y lo hará con una incógnita fundamental: la de saber si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarará o no la independencia de manera unilateral.

Si lo hace, tensará aún más una situación que ya es sumamente convulsa, por mucho que esa declaración conduzca a una independencia fallida, puesto que no cuenta con respaldo legal -la consulta del 1-O fue considerada ilegal y no contó con garantías suficientes- ni con respaldo internacional. Ni siquiera sustento histórico, porque nunca antes se ha declarado una independencia sin un apoyo social masivo. En ese supuesto, el Gobierno podría recurrir al tantas veces invocado artículo 155 de la Constitución para tomar el control de Cataluña para reponer el respeto a la Constitución y "la protección del interés general".

Y si Puigdemont no lo hace, romperá el Gobierno catalán, puesto que perderá el apoyo de la CUP, con lo que, al mismo tiempo, tendrá que anunciar un calendario, aunque sea tentativo, hacia unas nuevas elecciones autonómicas. Este supuesto también tendrá consecuencias, sobre todo entre los independentistas, que podrían sentirse engañados o defraudados por el Govern.

En las últimas horas han surgido otras opciones, como la posibilidad de anunciar una independencia en diferido o a plazos, derivada de los temores que la fuga de empresas y las salidas de dinero están causando en el seno de los dirigentes del 'procés' Pero, de nuevo, habrá que ver cómo se toma en el Gobierno de Mariano Rajoy, por un lado, y en la CUP, por otro.

LA HISTORIA TAMPOCO ACOMPAÑA

Estos dilemas marcarán la intervención de Puigdemont, que tampoco cuenta a su favor con el relato de la historia. El desafío contra la ley es algo muy poco común en la historia de Occidente. “Ya desde el Imperio Romano, lo habitual es que el cambio de la ley preceda a la acción. Si no, todo pierde validez. En Cataluña, si la Generalitat sigue adelante podría haber rebeliones contra la rebelión y, por ejemplo, que diferentes ayuntamientos catalanes declaren la independencia respecto al Govern”, señala un experto en historia económica.

De hecho, desde el punto de vista histórico, hay tres características comunes que coinciden en todos los procesos secesionistas que han tenido éxito, explica el mismo investigador: “El primer requisito es que haya un apoyo popular masivo, como ocurrió con Croacia en 1991. El segundo, que tenga autonomía financiera. Y el tercero, que cuente con reconocimiento internacional”, enumera.

En el primer caso, es difícil cuantificar el apoyo a la ruptura territorial. El Govern dice que el ‘Sí’ en el referéndum ilegal celebrado el domingo, que carece de cualquier tipo de garantías, fue secundado por 2.044.038 personas. Esto es, el 90,2% en una votación que contó con una (supuesta) participación del 43,03% del censo. Por otro lado, el CIS publicó el julio una encuesta según la cual el 41,1% de los catalanes quiere la independencia frente al 49,4% que quiere seguir en España. Otro acercamiento se puede realizar con las elecciones autonómicas de 2015 que la Generalitat calificó como ‘plebiscitarias’. Los partidos independentistas acapararon el 47% de los votos.

Estas cifras dejan de manifiesto que, hasta ahora, no ha habido ninguna evidencia de apoyo masivo a la independencia. Como tampoco existe una autonomía financiera que ha sido nexo común en los procesos separatistas de la historia de Occidente, desde la independencia de Estados Unidos hasta la de Croacia.

De hecho, Cataluña es más dependiente que nunca. Al estar en la Eurozona, tiene dependencia monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Los bancos necesitan el acceso a la liquidez -por ello, Sabadell y CaixaBank han mudado su sede social-, mientras que el sistema de pagos está articulado en torno a Target2. Asimismo, los depósitos de los catalanes están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos que asegura hasta 100.000 euros por depositante en las entidades.

Por otro lado, la Generalitat, a fuerza de repetidos desequilibrios presupuestarios, ha extremado su dependencia respecto a los mecanismos de financiación del Estado, articulados en torno al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que se nutre del Tesoro y gestiona el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. Desde su puesta en funcionamiento en 2012, España se ha convertido en el principal acreedor de Cataluña con un 54% de su deuda, por la que la Generalitat paga intereses del 1,5% -menos que Estados Unidos por su bono a 10 años- pese a tener una calificación de 'bono basura' por parte de todas las agencias de 'rating'. Moody’s espera que Cataluña tenga cerrado el acceso a los mercados de capitales al menos hasta 2019.

La última condición parece incluso más lejana que las anteriores, puesto que concierne a la obtención de un reconocimiento internacional que no existe. Cataluña no cuenta con ningún respaldo internacional relevante, a pesar de que las imágenes del 1 de octubre provocaran rechazo a la violencia en numerosas portadas. La Unión Europea, en bloque, está en contra de cualquier separación territorial en uno de sus miembros: “Si un referéndum fuese organizado en consonancia con la Constitución española, significaría que el territorio de salida se encontraría fuera de la Unión Europea”, aseguró Bruselas la semana pasada. Y, en este caso, ni siquiera hay referéndum consensuado. Ni se le espera.