Lo que no debería pasar de nota a pie de página en la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril se ha elevado a la enésima revuelta de Cataluña ante los mandatos del Estado. El juego del gato y el ratón en que se ha embarcado el President de la Generalitat, Quim Torra, con la Junta Electoral Central (JEC), por los lazos amarillos, podría acabar por saldarse con una intervención de los Mossos d'Esquadra, con un proceso penal que acabara en una inhabilitación o con una sanción administrativa. O con las tres cosas, según analistas.
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Desde que Ciudadanos denunció la exhibición de la simbología en apoyo a los políticos presos que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo, el Govern catalán se ha escurrido ante el requerimiento del máximo organismo que regula los procesos electorales. Primero, sorteó el plazo de 48 horas dado por la JEC para que retirara los emblemas de los edificios públicos con una respuesta que apelaba a la libertad de expresión; después, desoyó el segundo ultimátum que expiró el martes tarde y había dejado en manos del 'Síndic de Greuges' (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, una decisión que no compete para nada a este organismo, indican fuentes jurídicas consultadas.
Finalmente, el propio Ribó ha pedido este miércoles a Torra que acate el acuerdo de la JEC y retire los lazos y las 'esteladas' de los edificios públicos de su titularidad durante el periodo electoral. Así lo ha anunciado en rueda de prensa, acompañado del adjunto al 'síndic', Jaume Saura.
Ante el revuelo causado por la decisión de pasarle la pelota a Ribó, la todavía consellera de la Presidència, Elsa Artadi, había aclarado que fue el propio 'síndic' quien "expresó su voluntad" de posicionarse sobre el mandato de Junta Electoral. Y, mientras tanto, el Govern catalán tensa la cuerda de nuevo y retrasa la retirada de lazos amarillos del Palau de la Generalitat y de las ocho consellerias donde aún figura, después de que se haya arrancado de la de Empresa de forma furtiva, según fuentes oficiales.
Al tiempo que en Cataluña dilatan acatar la orden del árbitro electoral, el Estado amenaza con acciones legales sin precedentes. Y también advierte a Torra de que si no retira los lazos amarillos como ha ordenado la Junta Electoral Central (JEC) rebasará la "raya de la desobediencia" que, hasta ahora, no había pasado. Así se ha expresado la ministra de Educación y ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá quien ha añadido, en declaraciones a la Cadena Ser, que "hasta ahora -el líder catalán- ha mantenido una retórica muy molesta, a veces inaceptable, pero no ha pasado la raya de la desobediencia, con esto lo haría".
Con todo, el Estado dejará la decisión sobre cómo actuar contra la rebeldía de Torra en manos de la JEC, ya que es un organismo competente y será la que decida si hay sanción o lo eleva a Fiscalía. Es decir, aclara Moncloa, es la Junta la exclusivamente competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase al cuerpo de seguridad competente, en este caso los Mossos d'Esquadra, cumplir la instrucción de retirar los lazos. Sobre este extremo, el conseller de Interior, Miquel Buch, ha pasado de puntillas ante la pregunta de la oposición, en sede parlamentaria, sobre si acatará un hipotético mandato del organismo en este sentido y ordenará intervenir a la Policía autonómica.
El supervisor electoral celebrará una reunión a partir de las cinco de la tarde de este jueves bajo la presidencia del magistrado Segundo Menéndez y en el que se abstendrán los dos jueces del Supremo que forman parte del tribunal del juicio del procés, Luciano Varela y Ana María Ferrer. En ese momento decidirá su línea de intervención.
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Además de estas actuaciones, tanto el jefe del Ejecutivo autonómico como otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a multas de 300 a 3.000 euros, en concepto de sanciones por infracción electoral. Una junta electoral puede acordar también la remisión del expediente a la Fiscalía al entender que se ha producido un delito de desobediencia, precisamente el mismo por el que están siendo juzgados los líderes del 'procés' -además de por sedición y malversación-, y que llevaría a la suspensión del líder autonómico en sus funciones. Hay precedentes de un castigo similar: la exalcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada'.
"La decisión que tome el árbitro de los procesos electorales irá en función del grado de conflictividad al que se quieran exponer", explica Ernesto Pascual, profesor de derecho de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). Fuentes de la JEC admiten que este procedimiento abrirá un largo camino de denuncias, alegaciones y recursos que se irán resolviendo caso por caso en la instancia donde corresponda, sea provincial o estatal, y sea por la vía administrativa o por la judicial.
De entrada, el primer señalado es el president Torra, que aparece citado expresamente en la resolución de la entidad porque fue él quien presentó las alegaciones de la Generalitat ante la denuncia inicial de Ciudadanos, en lugar de delegar en la Consejería de Presidencia, que es donde la Junta Electoral había remitido el escrito.
La formación presidida por Inés Arrimadas en Cataluña ya ha elevado la causa a la justicia ordinaria por un presunto delito de desobediencia. Y a estas acciones legales se han sumado Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, que presentarán este jueves ante la Fiscalía al presidente de la Generalitat catalana por mantener los lazos amarillos. El presidente del PP, Pablo Casado, por su parte, ha aprovechado la polémica para insistir en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
