El Ministerio de Defensa ha anunciado que avanza en su compromiso de alcanzar un presupuesto del 2 por ciento del PIB en el año 2024 gracias a la inclusión de los programas especiales de modernización de armamento en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Consejo de Ministros aprobará este viernes.
El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, ha confirmado en una comparecencia en el Congreso que el Gobierno incluirá en las cuentas públicas la financiación de estos programas de armamento que durante los últimos ejercicios habían sido financiados mediante créditos extraordinarios aprobados por decreto ley, una fórmula que fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Así, los Presupuestos que llegarán la próxima semana a las Cortes Generales incluirán en el apartado de Defensa un total de 1.824 millones de euros para los denominados PEAs: más de 716.000 euros correspondiente a los pagos pendientes del año 2016 y 1,1 millones del ejercicio 2017.
Esta medida está "en consonancia" con el compromiso adquirido en 2014 por los países de la OTAN de alcanzar en una década un gasto en Defensa del 2% del PIB de cada país, según ha subrayado Conde. El secretario de Estado ha defendido además que esta política requiere una política presupuestaria en materia de Defensa "con criterios estables y sostenibles" y ha pedido para ello el consenso de las fuerzas políticas.
Según ha advertido, éste es el único camino para contar con las capacidades necesarias para "dar un adecuado nivel de respuesta a las amenazas que ponen en riesgo la seguridad de España y de los españoles".
Agustín Conde ha defendido las políticas en seguridad y defensa porque considera que las naciones que invierten en ellas "presentan un factor más alto de disuasión ante posibles amenazas". "Una nación que puede articular una enorme cantidad de recursos, de anticipar y planear de manera anticipada, de 15 a 30 años, su Política de Defensa, de prever sistemas de armas modernos durante toda su vida útil, su sostenimiento, el reemplazo de los mismos, el personal que va los va a operar, su cualificación técnica, además de asegurar, comprometer y mantener los recursos financieros que un esfuerzo así supone para un Estado, envía un claro mensaje a todos los actores de cualquier ámbito", ha subrayado.
A su juicio, los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas dotan a España "de una gran capacidad de disuasión". "Las armas no se compran para coleccionarlas y los soldados no están para hacer desfiles sino para defender a España", ha insistido defendiendo así la necesidad de tener unas capacidades que permitan la "disuasión". Aunque ha querido remarcar que "nadie está más interesado que los militares en no tener que utilizarlas jamás".
Según la reprogramación de los PEAs que aprobó el Gobierno en diciembre de 2016, queda pendiente el pago de más de 30 millones de euros hasta el año 2030. El secretario de Estado ha destacado además que la horquilla de techo de gasto de todos los programas especiales estaba fijada en 2011 entre 31.600 y 36.875 millones de euros y hoy se ha rebajado en 7.000 millones, quedando la cuantía total de los programas especiales en 29.500 millones de euros.
En cuanto a los retrasos en las entregas, ha descartado la opción de aplicar penalizaciones a las empresas responsables, ya que ha recordado que "las esenciales" corresponden a Navantia, una empresa que es 100% pública. "Si Defensa cobrase nos vendría divinamente, pero entonces Hacienda tendría que dárselo a Navantia para que se lo diera a Defensa", ha explicado como ejemplo de que "el bolsillo es único" y desde el punto de vista presupuestario "suma cero" porque "lo que entra por un lado sale por el otro".
