El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con 202 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP, Ciudadanos), 141 en contra (PP, Vox, UPN, Foro Asturias) y dos abstenciones (CDC y Teruel Existe), la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, después de que el Senado la aprobara la semana pasada con algunos cambios en el texto en el dictamen de la Comisión de Justicia. La normativa entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La ley establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
Este paciente deberá tener nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, así como tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud".
En lo referido al proceso, la ley indica que si el paciente está consciente debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es "resultado de ninguna presión externa".
Tras la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita. Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención.
Después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente" pero que no sea del "mismo equipo del médico".
Asimismo, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso. Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome.
Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".
LA OPOSICIÓN RECURRIRÁ AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PP, Vox, UPN y Foro Asturias anunciaron el pasado miércoles que recurrirían al Tribunal Constitucional (TC) la ley de eutanasia. PP y Vox han anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma. El de Vox incluirá la petición de suspensión de la norma en tanto el alto tribunal no se pronuncie sobre el fondo de la misma.
El diputado del Grupo Parlamentario del PP, José Ignacio Echániz ha criticado que se vaya a crear una "lista negra" de sanitarios objetores de conciencia, ya que es un "insulto" a estos profesionales.
A su juicio, es una "irreponsabilidad" que se haya aprobado en España la ley de eutanasia sin haber desarrollado antes los "indispensables y raquíticos" cuidados paliativos. "A partir de hoy los más frágiles tienen motivos para el miedo, desasosiego y desconfianza", ha sentenciado Echániz
Por su parte, la diputada de Vox, Lourdes Méndez, ha afirmado que se ha consumado el "plan" del Gobierno de implantar "la cultura de la muerte", lamentando que se haya rechazado implantar los cuidados paliativos en España para aliviar el dolor y sufrimiento.
"Hoy decimos adiós a más de 20 siglos de cultura a favor de la vida y adiós al constitucionalismo moderno, es por tanto el fracaso de una civilización", ha reprochado Monasterio.
LUZ VERDE DE PSOE, PODEMOS, BNG, ERC, JUNTSXCAT, MÁS PAÍS, BILDU, PNV, CUP Y CIUDADANOS
La diputada del Grupo Parlamentario del PSOE, María Luisa Carcedo, impulsora del desarrollo de la ley, ha felicitado que el Congreso haya "cogido el testigo" de las personas enfermas que llevan "años" pidiendo la regulación de la eutanasia. Y es que, tal y como ha insistido, esta normativa establece que la persona decida "con libertad" cuando puede hacer uso de este "derecho", recordando que el derecho a la vida va "ligado" a la dignidad humana y a la integridad física y moral.
La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Sara Giménez, ha asegurado que esta ley es "garantista" con la voluntad del paciente y un "hito histórico" que refuerza el compromiso del Congreso con las libertades de los ciudadanos.
No obstante, la diputada de la formación naranja ha criticado que el PP no haya votado a favor de esta ley, aunque ha recordado que los 'populares' se posicionaron en contra de la ley del divorcio, del matrimonio igualitario y de la ley sexual y reproductiva. "Siempre han estado en contra del avance en los derechos y ahora lo que quieren plantear es ir al Tribunal Constitucional porque no quieren que exista la libertad de decidir", ha lamentado Giménez.
La mayor parte de formaciones han ido defendiendo sus argumentos en apoyo a la ley y recordando que lo que implica es "la consecución de un derecho y no una obligación", en palabras de Joseba Aguirretxea, del PNV, que ha terminado su intervención con un aplaudido "no hay nada mejor que vivir cuando se quiere vivir, pero no hay nada peor que vivir cuando se quiere morir".
España se convierte desde este jueves en el séptimo país del mundo en regular la eutanasia y en el tercero, después de Holanda y Bélgica, en despenalizar ambas modalidades: la administración de la inyección letal (eutanasia) o la prescripción del pentobarbital al paciente (suicidio asistido).
El Parlamento de Portugal también reconoció legalmente el derecho a morir el pasado 29 de enero pero el Tribunal Constitucional ha tumbado la ley por lo que no entrará en vigor.
