Ciudadanos y Unidos Podemos buscarán esta semana el apoyo del resto de grupos parlamentarios para abrir la reforma del Tribunal de Cuentas con vistas a modernizarlo, despolitizarlo y acabar con las prácticas de "nepotismo" en su seno.
Ambos grupos llevarán este asunto el miércoles a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Los naranjas lo hacen a través de dos proposiciones no de ley que instan al Gobierno a impulsar reformas, mientras que los morados reclaman que sea el Congreso el que tome la iniciativa creando una ponencia para estudiar fórmulas destinadas a regenerar este.
En uno de sus textos, recogidos por Europa Press, los de Albert Rivera emplazan al Ejecutivo a iniciar "de inmediato" la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para "reforzar la independencia y la eficiencia" del que es el órgano fiscalizador supremo de las cuentas y la gestión del Estado.
CAMBIO EN LOS NOMBRAMIENTOS
Uno de los cambios que reclama Ciudadanos es revisar el procedimiento de elección del presidente del órgano
Uno de los cambios que reclama Ciudadanos es revisar el procedimiento de elección del presidente del órgano y de los consejeros, de forma que sean nombrados para estos cargos "profesionales de reconocida competencia técnica relevante para el desempeño de las funciones del Tribunal".
El partido naranja aboga por que los consejeros sean seleccionados mediante una convocatoria pública, un examen de los méritos de los candidatos por una comisión independiente y, por último, una comparecencia de los seleccionados ante la comisión correspondiente del Congreso y del Senado. Los consejeros serían elegidos por un periodo limitado y no renovable.
Actualmente, el Tribunal de Cuentas garantiza inamovilidad a doce consejeros elegidos por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años renovables; unos puestos que, según señala Cs, tradicionalmente se han repartido los partidos mayoritarios.
Igualmente, señala que hay un "excesivo recurso" a la cobertura de puestos de mayor nivel en el órgano por el procedimiento de libre designación en lugar de por oposición de capacidad y méritos. Por eso pretende que, salvo en casos muy excepcionales, se prohíban la provisión de plazas mediante la libre designación y la contratación de personal interino y en comisión de servicios.
INFORMES TRANSPARENTES Y LEGIBLES
Ciudadanos también aboga por aumentar la transparencia en el procedimiento de redacción de informes, dando publicidad a los anteproyectos, que ahora no son públicos, y a las actas del Pleno del Tribunal de Cuentas, cuyas deliberaciones son secretas. Asimismo, pide que se revise el formato y el contenido de las fiscalizaciones que, en su opinión, son "poco legibles, directos y prácticos a efectos de facilitar el control democrático de la gestión pública".
Además, la iniciativa del partido naranja plantea potenciar y garantizar la "fiscalización de gestión" de la Administración, estableciendo un apartado específico para ello en los informes de fiscalización y detallando los indicadores utilizados para medir el cumplimiento de los principios de economía y eficacia.
Respecto a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, pide reformar su organización y funcionamiento para que cumpla adecuadamente la función constitucional que le corresponde, "ante la evidencia de su falta de resultados en 60 años de historia". Así, reclama que esa Sección tenga una nueva función, la instrucción de los expedientes relativos a las infracciones cometidas por los altos cargos en materia de gestión económico-presupuestaria establecidas en la Ley de Transparencia, cuya sanción correspondería al Pleno del Tribunal.
Muchas de las propuestas de Ciudadanos son sugerencias planteadas por letrados y sindicatos del propio Tribunal o en el Informe de la Revisión entre Pares elaborado por el Tribunal de Cuentas Portugués y el Tribunal de Cuentas Europeo sobre su homólogo español.
Precisamente, Unidos Podemos demanda que ese último documento sirva de base a los trabajos de la subcomisión que quiere crear en la Comisión de Hacienda del Congreso para estudiar una eventual reforma del órgano fiscalizador.
COLABORAR CON EL TRIBUNAL
Pero además, el miércoles la comisión mixta debatirá otra proposición no de ley de Ciudadanos en la que insta al Gobierno a perfeccionar y actualizar la regulación del deber de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, de colaborar con el Tribunal de Cuentas con el fin de mejorar el ejercicio de su función fiscalizadora.
Ciudadanos destaca que en la actualidad varias leyes excluyen la colaboración con el Tribunal de Cuentas para luchar contra fraudes o delitos, limitando este deber a cuando son ellas el objeto de una fiscalización.
Tal es el caso de entidades como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social y la Central de Información de Riesgos del Banco de España, así como de las entidades locales dependientes de los Ministerios de Economía y Hacienda, que no tienen ninguna obligación, según señala Ciudadanos, de colaborar con el Tribunal de Cuentas cuando éste fiscaliza casos sospechosos de ilegalidad, corrupción o abuso.
De ahí que los de Albert Rivera pretendan que el Ejecutivo lleve a cabo la reformas legislativas que le sugiere para adaptar el ordenamiento jurídico con el fin de que el Tribunal de Cuentas pueda tener acceso a datos e información con trascendencia para el ejercicio de su función fiscalizadora.
