- El auto de procesamiento de los expresidentes autonómicos podría conocerse la próxima semana, concretamente el martes
- Ambos estarían implicados en este caso por diseñar y mantener durante diez años un sistema opaco de reparto de fondos
Después de más de cinco años en fase de instrucción, el caso de los ERE de Andalucía en el que se encuentran implicados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán está muy cerca de ir a juicio.
Según Abc, el auto de procesamiento de los ex altos cargos autonómicos podría conocerse la próxima semana, concretamente el martes, coincidiendo con la declaración de Susana Díaz ante la comisión del Parlamento andaluz que investiga las responsabilidades políticas en el fraude de los cursos de formación.
Ambos estarían implicados en este caso por diseñar y mantener durante diez años un sistema opaco de reparto de fondos
El juez instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ya señaló que existían indicios suficientes para acusarlos de un supuesto delito de prevaricación administrativa por diseñar y mantener durante diez años un sistema opaco de reparto de fondos dotado de 855 millones de euros. Fuentes judiciales dan por hecho que ambos tendrán que enfrentarse a un juicio.
El juez de apoyo de Instrucción número 6 de Sevilla está a punto de culminar el auto, lo que concluirá con la apertura de juicio oral. Una vez se dicte, se darán diez o veinte días para que las partes formulen sus escritos de defensa. Mientras, la Fiscalía Anticorrupción, la Junta, el PP andaluz y Manos Limpias expondrán sus acusaciones. Cuando se resuelvan estos recursos, solo queda dictar el acto para sentar en el banquillo a los expresidentes de la Junta de Andalucía.
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El juez instructor del Tribunal Supremo ya señaló que existían indicios suficientes para acusarlos de un supuesto delito de prevaricación administrativa
En esta causa están investigados 51 ex altos cargos autonómicos. La juez que abrió las diligencias, Mercedes Alaya, atribuyó supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental a toda la cúpula de la agencia IDEA entre 2001 y 2008, que pagaba las ayudas aprobadas por la Consejería de Empleo.
Este sistema ilegal dio lugar a que 196 falsos empleados se beneficiaran de cuantiosas pólizas de prejubilación, con ERE de empresas donde nunca habían trabajado, o que empresas de la órbita del PSOE recibieran ayudas que la Junta acabó declarando nulas en un proceso de revisión de oficio iniciado años después para recuperar las ayudas, explican desde Abc.
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