El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes que los "certificados de ahorro en oro" saldrán a la venta el próximo 11 de septiembre en el marco de un programa económico puesto en marcha por el Gobierno para paliar la fuerte crisis económica que atraviesa el país.
El Gobierno busca poner en marcha un conjunto de medidas que incluyen una devaluación de más 96% del bolívar y aumentos impositivos, así como el aumento del salario mínimo y la revisión del precio de la gasolina, en un plan que críticos y opositores aseguran que no resolverá la recesión ni la hiperinflación que vive el país.
Los "certificados en oro van salir al mercado venezolano, a la oferta, el próximo 11 de septiembre", ha manifestado Maduro. En Navidad "el regalo mas notable, apetecible (...) va a ser el certificado de ahorro en oro", ha añadido. Los papeles tendrán vigencia de un año, pero podrán monetizarse también en tres meses, ha explicado el presidente, que ha afirmado que los certificados serán vendidos a los trabajadores, pensionados y jubilados.
Los papeles tendrán vigencia de un año y serán vendidos a trabajadores, pensionados y jubilados
Este mismo domingo, el dirigente venezolano informó de que venderá "pequeños lingotes de oro" de hasta 2,5 gramos a la población en el marco de un plan para impulsar el ahorro. El mandatario mostró dos tarjetas con pequeñas piezas doradas en su discurso transmitido a través de la televisión estatal, donde ha asegurado que los lingotes contarán con una certificación del Banco Central.
Los lingotes de oro provienen de Guayana, tal y como ha señalado Maduro. Estos han sido adquiridos por el Banco Central de Venezuela (BCV), según las autoridades.
Maduro también ha anunciado la designación de William Contreras, actual superintendente de Precios, como ministro de Comercio Interior, un cargo que fue creado recientemente. Sin embargo, quien además es directivo del Banco Central de Venezuela, está al frente de las más recientes fiscalizaciones a los comercios y en las que han sido detenidas más de 200 personas señaladas de incumplir con la fijación de los nuevos "precios acordados" o controlados de 25 productos.