Revuelo a cuenta del 'pin parental'. El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a inicios de curso donde permitía esta medida, implantada a instancias de Vox. Y si no lo hace, llevarán a la comunidad a los tribunales. Según la ministra de Educación, Isabel Celaá, "no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres".
Así lo ha asegurado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, haya anunciado el envío del requerimiento contra las instrucciones en las que la Consejería de Educación de Murcia, región gobernada por PP y Ciudadanos, establecía que los centros educativos debían informar a las familias de las "actividades complementarias" previstas en clase para que los padres puedan decidir la asistencia o no de sus hijos a las mismas. Una posibilidad de "veto" que el Ministerio de Educación considera "ilegal" y que vulnera "el derecho a la educación" de los escolares.
Según Celaá, el requirimiento exige al Gobierno de Murcia "que reestablezca la legalidad y excluya el 'pin parental' de las instrucciones de inicio de curso". Además, ha explicado, en caso de que el Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras (PP) no atienda a ello, se iniciará "el procedimiento para llevar a los tribunales" el 'pin parental', una medida promovida por Vox, que la puso como condición para aprobar los Presupuestos de la región, aprobados esta misma semana.
De hecho, los de Santiago Abascal también la han reclamado en Andalucía, y han anunciado que harán lo propio en Madrid. De esta forma, PP y Cs, que gobiernan en ambas comunidades de la mano, deberán aceptar esta medida, igual que ha ocurrido en Murcia, o de lo contrario no habrá presupuestos.
El pasado martes, el consejero de Presidencia y Hacienda del Gobierno de Murcia, Javier Celdrán, admitió que el acuerdo con Vox para que apoyase los presupuestos incluía la implantación del 'pin parental', que obligaría a informar a los padres de las actividades que se realicen en las aulas dentro de las actividades complementarias por parte de personal ajeno al docente.
Este jueves, el Ministerio de Educación y Formación Profesional anunciaba que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como el 'pin parental', idea en la que ha insistido este viernes Celaá.
"LOS PADRES SABEN LO QUE ES MEJOR PARA SUS HIJOS"
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido la implantación del 'pin parental': "Los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos", ha dicho. En una entrevista en Telecinco, ha asegurado que la medida exigida por su partido "es tan natural y de tanta libertad" que no se explica "cómo puede haber tanta polémica".
"Yo, que tengo una hija de 8 años, si algún día vienen a darle una charla a hablar de otras cosas que no son matemática, lengua... quiero saberlo de antemano y poder autorizarlo", ha explicado, para después acusar a la izquierda de querer "adoctrinar" a los niños. Como ha defendido, "si los padres quieren que sus hijos vayan a religión lo tienen que autorizar de manera expresa. Si el colegio hace una actividad extraescolar tienen que autorizarlo. Pues si les den una charla de ciertos contenidos es natural que los padres quieran poder autorizar a sus hijos para que vayan".
Por su parte, la organización Hazte Oír ha asegurado que denunciará a los directores de los centros educativos que "obstaculicen" la implantación del 'pin parental'. Esta medida ha sido promovida por esta organización para que las familias tengan que autorizar expresamente la asistencia de sus hijos a clases con contenidos de diversidad afectivo-sexual dentro del horario escolar.
