Anna Puigdemont, hermana del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha negado mediante un comunicado los contactos con los CDR detenidos la semana pasada o que haya ejercido de enlace entre su hermano huido de la justicia y el president de la Generalitat, Quim Torra. "Es materialmente imposible que yo participase en esa reunión por razones familiares perfectamente acreditadas y documentadas", asegura. Se hallaba en el hospital, cuidando de su padre.
Según filtraciones del auto de prisión mediante el cual el juez de la Audiencia Nacional envió a los acusados a prisión, los integrantes del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la facción supuestamente violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR), celebraron una "reunión secreta in itinere" el 15 de septiembre de 2018 con Anna Puigdemont que tenía como objetivo de "entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras" entre éste y Torra.
La hermana del exlíder catalán asegura, frente a estos hechos que "no he tenido, ni tengo, ni tendré nunca ningún tipo de relación con actos violentos de ninguna clase, ni con las personas que los perpetren". Además la hermana del expresident considera que hay una "campaña de criminalización y desprestigio" que tiene como finalidad "tratar de convencer a las autoridades belgas para que entreguen" a Carles Puigdemont.
La contundencia con la que niega dichos contactos se debe a que Anna Puigdemont estaba en esas fechas en el hospital, cuidando de su padre, que había sido operado, según recogen varios medios. Por esta razón la familia estudia iniciar acciones judiciales: "Me reservo las acciones civiles y/o penales que llegado al caso considere oportunas", indica en el comunicado.
La existencia de la reunión, confirmada por Europa Press, se incluye en los autos de prisión dictados para siete de los miembros de este grupo por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, adelantados este domingo por la Cadena SER.
Según señala el juez, la preparación de este cónclave misma exigía unas medidas de seguridad que fueron "asumidas y adoptadas" por parte del ERT, siete de cuyos miembros cumplen prisión provisional desde el pasado jueves.
La confirmación del encuentro parte del análisis de las intervenciones telefónicas entre dos de los detenidos: Ferrán Jolis (que fue uno de los dos que declararon ante el juez y el fiscal de la Audiencia Nacional) y Xavier Buigas. De ellas se desprende que el ERT "organizó, planificó y ejecutó" esta reunión secreta con la intención de "entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras" entre Puigdemont y Torra.
En el auto de prisión facilitado a las defensas -la causa se encuentra bajo secreto de sumario- se señalaba también esta fecha del 15 de septiembre de 2018, aunque simplemente indicando que ese día se produjo una "maniobra orquestada por el ERT en la máxima clandestinidad" en la que la organización planteaba "el encuentro con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso". Dicho componente sería la hermana del expresident huido en Bélgica, según detalla la resolución dada a conocer ahora.
Según el auto, los también detenidos Ferran Jolis, Garzón Bravo, Guillem Xavier Duch Palau, Clara Borrero Espejo, David Budria Altadill (estos dos últimos fueron detenidos y quedaron en libertad) participaron en el mencionado encuentro 'in itinere' con la hermana de Puigdemont.
En otros autos, según la información hecha pública por la emisora, el juez detalla cómo los detenidos ahora en prisión elaboraron distintos tipos de explosivos que pretendían utilizar contra "infraestructuras críticas" y que los investigadores no descartan que planearan el envío de bombas caseras por correo a cuarteles de la Guardia Civil.
OCUPACIÓN DEL PARLAMENT
También se explica que las conversaciones telefónicas intervenidas han revelado un plan consistente en asaltar y ocupar el Parlamento catalán con el fin de subvertir el orden constitucional.
No se descarta que quisieran utilizar los compuestos químicos considerados precursores de explosivos contra "personas, lugares o puntos sensibles como el Parlament o infraestructuras críticas", tampoco que quisieran enviar paquetes con explosivos a los cuarteles de la Guardia Civil que, afirma el juez, Jordi Ros consultó a través de internet.
Ferrán Jolis, uno de los detenidos que contestó a las preguntas del juez y el fiscal, es "un miembro especialmente activo" del ERT, grupo en el que ocupaba una "preeminente posición" en los ámbitos de seguridad informa*tica y telecomunicaciones. Para el magistrado, es "una pieza clave en el éxito de la organización".
De hecho, se le encargó establecer una red segura e indetectable para poder comunicarse desde el interior de la Cámara. El desarrollo del plan, añade el auto, habría estado "encomendado por parte del denominado 'CNI catalán'", tal y como el propio investigado reconoció en la Audiencia Nacional el pasado jueves.
Sobre los materiales encontrados en los registros y que serían precursores de explosivos, García Castellón considera que el ERT los utiliza "en clara similitud con las técnicas y procedimientos enmarcados bajo los estándares de históricas organizaciones terroristas como ETA o Terra Lliure dentro del marco de actuación insurreccional planificado por los sectores independentistas para el referido como día 'D'".
Así, el ERT estaría formado por dos células, indica el juez de la Audiencia Nacional: una encargada de adquirir y manipular las sustancias y otra dirigida a la ejecución. En la primera estaría Jordi Ros, otro de los que declararon, ya que habría participado en la adquisición de los productos químicos.
Además de Ros, García Castellón también incluye en este núcleo "productor" a Alexis Codina Barberán y Germinal Tomas Aubeso, mientras que sobre Eduard Garzón, el magistrado le otorga el papel de segundo integrante con mayor peso dentro de la organización.
