- Habrá un registro público de todos los grupos de interés que influencian en los partidos y sus diputados a la hora de hacer leyes y tomar decisiones
El Parlament ha formalizado la creación del registro de grupos de interés de personas y organizaciones que ejercen influencia en las políticas públicas -'lobbies'- y ha establecido un régimen de sancionador que prevé multas de hasta 12.000 euros.
La creación de este registro pionero en el Estado, aprobado por la Mesa de la Cámara catalana el pasado martes y recogido por Europa Press, se enmarca en el despliegue de la Ley de transparencia que aprobó el Parlament en diciembre de 2014, que también apelaba al Govern: el Ejecutivo catalán creó el suyo en 2015.
Deben inscribirse las personas y organizaciones que trabajan por cuenta propia y que participan en la elaboración y la aplicación de las políticas públicas, como mecanismo esencial para garantizar la transparencia en la toma de decisiones de los diputados.
Habrá un registro público de todos los grupos de interés que influencian en los partidos y sus diputados a la hora de hacer leyes y tomar decisiones
Los 'lobbies' deberán inscribirse en una de las cinco categorías que se han establecido: consultorías profesionales, despachos de abogados y consultores por cuenta propia; agrupaciones comerciales, empresariales y profesionales; ONG; grupos de reflexión e instituciones académicas y de investigación, y representantes de intereses no incluidos en la clasificación anterior.
De este modo, habrá un registro público de todos los grupos de interés que influencian en los partidos y sus diputados a la hora de hacer leyes y tomar decisiones.
Se prevé que se pueda consultar, por ejemplo, los contactos y reuniones de los diputados y sus asesores con estos grupos, y la asistencia de los representantes parlamentarios a actos organizados por los 'lobbies'.
Entre otros beneficios y obligaciones, los grupos deberán proporcionar la información que requiera el Parlament y aceptar su fiscalización y, a cambio, podrán organizar actos en la Cámara catalana y recibir información inmediata de las tramitaciones que les interesen.
En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el Parlament podrá abrir una investigación de oficio y mediante denuncia ciudadana, así como imponer multas de entre 300 y 12.000 euros si se constata que ha habido infracciones.
