• José Manuel Romero, conde de Fontao, supervisaban periódicamente las actividades
  • Romero se reunía de forma habitual con el exsecretario de Nóos, Miguel Tejeiro
  • Asegura que Corinna planteó impulsar una sociedad 'opaca' a sabiendas del Rey Juan Carlos
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El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha afirmado en su declaración durante el juicio del caso Nóos que el exasesor de la Casa Real José Manuel Romero, conde de Fontao, y la Agencia Tributaria supervisaban periódicamente las actividades del Instituto Nóos.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ante quien ha señalado cómo Romero se reunía de forma habitual con el exsecretario de Nóos Miguel Tejeiro para abordar las actividades del Instituto, que según el Ministerio Público fue utilizado por Urdangarin y Torres para apoderarse de los fondos de las Administraciones públicas.

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NIEGA LA IRREGULARIDAD EN LOS FONDOS PÚBLICOS

Torres ha negado, sin embargo, que a los fondos públicos percibidos se les diese un destino irregular por su parte, con la apertura de varias cuentas en Luxemburgo y, de hecho, ha vuelto a hacer hincapié en cómo la Casa Real estaba al corriente de todos los negocios que Nóos llevaba a cabo con las instituciones.

El acusado ha aseverado además que Tejeiro, hermano de su mujer, Ana María Tejeiro, solía mantener encuentros con "un alto funcionario de Hacienda" para tratar las declaraciones de impuestos de Nóos y darles su visto bueno. En uno de los numerosos escritos presentados a lo largo de la instrucción de la causa, la defensa de Torres asegura que desde el Instituto "jamás se hizo nada sin antes haber informado" al exsecretario de las Infantas, Carlos García-Revenga, "y a la Institución que él representaba y que lo autorizaba todo, pues en caso contrario nada se acometía".

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LA FISCALÍA RECLAMA 16 AÑOS

En concreto, la Fiscalía reclama para el acusado 16 años y medio de cárcel -petición que Manos Limpias eleva a 22 y medio- por poner en marcha, junto al exduque, una estructura "hueca de contenido real" y "una maraña de facturación ficticia" para desviar más de seis millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Para ello, según Horrach, utilizaron el Instituto Nóos como epicentro de la trama, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".

'CORINNA PLANTEÓ IMPULSAR UNA 'SOCIEDAD OPACA'

Diego Torres, ha manifestado que la noble alemana Corinna Sayn-Wittgenstein, amiga a su vez del Rey don Juan Carlos, aconsejó en un correo electrónico crear una estructura financiera para poder cobrar en Londres por la puesta en marcha de distintos proyectos internacionales y "que no se supiera de dónde sale el dinero, con copia al Rey y al jefe de la Casa del Rey".

"Desde Nóos le dijimos que ni en broma. No estábamos ocultando nada y nuestra intención era canalizar proyectos deportivos", ha remarcado el acusado durante su declaración en el juicio del caso Nóos, en el que está siendo sometido a un intenso y minucioso interrogatorio por parte del fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

Torres ha respondido en estos términos al ser preguntado sobre la estructura societaria que impulsó a nivel internacional presuntamente para evadir los ingresos obtenidos por el Instituto Nóos, y en el que jugaron un papel fundamental las mercantiles Blossom Hills (en Belice) y De Goes For Stakeholder Management (Reino Unido).

Según ha justificado, en 2007 había "una cantidad enorme" de proyectos internacionales a poner en marcha, motivo por el que fue impulsada esta estructura. No obstante, ha aseverado que era el secretario de Nóos, Miguel Tejeiro, quien se encargaba de la operativa de esta red.

A lo largo de la instrucción, el procesado ha aportado numerosos correos y documentos con el objetivo de acreditar que la Casa Real estaba al tanto de las actividades de Nóos. De hecho, en su escrito de defensa llegó a proponer que declaren en el juicio el Rey Felipe VI, Corinna, don Juan Carlos, doña Sofía, la Infanta Elena, su exmarido Jaime de Marichalar, Pilar de Borbón y la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. La petición fue finalmente desestimada.

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