El primer Gobierno de coalición de la democracia se halla sumido en un caos autoinfligido sin precedentes, en medio de la crisis económica, sanitaria y social más grave de los tiempos modernos. El salto mortal sin red del acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 ha abierto una brecha titánica, no sólo entre el PSOE y Unidas Podemos -que ya de por sí sería grave-, sino también entre los ministros socialistas de corte social y los más ortodoxos económicamente, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Si en circunstancias normales, el camino de este Ejecutivo bicolor hubiera sido intrínsecamente difícil, la pandemia ha sometido su unidad a un test de estrés, justo cuando daba sus primeros pasos. Y la falta de costumbre de trabajo conjunto ha evidenciado la realidad: descontrol, rectificaciones y, lo que es más grave: bandos. Los analistas ya apuestan por que no sobreviva y se apunta a que en invierno se convoquen elecciones generales.
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El tiro por la culata es de tal magnitud que, lejos de ampliar la base parlamentaria de sus apoyos, el bloque del Ejecutivo ha visto reducida su manida geometría variable en el Congreso, con el enfado mayúsculo del PNV, que ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "el depósito de confianza del PNV" en él se encuentra en la reserva. Esto, se suma a las calabazas de Compromís -por el pacto con Ciudadanos- y de ERC, por lo que la dependencia del partido de Inés Arrimadas se antoja mayor en el futuro.
Y todo ocurre en un momento en que la unidad y la fe en la capacidad resolutiva de los Gobiernos cotizan más caras que nunca en los mercados y cuando Bruselas, donde la política comunitaria cocina la reconstrucción tras la pandemia, decide qué fondos dar a España y en qué condiciones. La Unión Europea (UE) ha asistido a un espectáculo lamentable cuando vigila cada movimiento de un Gobierno al que ya ha avisado que debe apretarse el cinturón y hacer ajustes, incluidas acciones para proteger el empleo, garantizar liquidez a pymes y autónomos y movilizar inversión pública y privada.
Nada más lejos. El miércoles se informaba de que la ley impulsada por el partido popular en 2012, en plena crisis crediticia europea y en virtud de la cual se han facilitado los ERTE que se han utilizado para conservar el empleo en la crisis del coronavirus, iba a ser derogada. El acuerdo lo suscribían los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y Bildu y los firmantes de los partidos del Gobierno fueron los portavoces, Adriana Lastra y Pablo Echenique, además de Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu. Estos hechos soliviantaron a los agentes económicos hasta tal punto que la CEOE y Cepyme cortaron toda negociación con el Gobierno. El Ejecutivo salió a matizar el pacto, bajo presión de Calviño, quien a su vez mantenía todas las líneas abiertas con la patronal, quien llegó a amenazar con su dimisión, según fuentes conocedoras, si no había rectificación.
Esta concatenación de hechos ha abierto una crisis en el Ejecutivo cuyos entresijos entran en el terreno de la especulación. Algunas fuentes afirman que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, estaban enterados. Otras hablan de que al margen de unos pocos, los partidos estaban en la más absoluta inopia, tanto es así, que a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se la mantuvo al margen de este acuerdo. Unos terceros afirman que el acuerdo se fraguó entre Echenique y Bildu y el PSOE se añadió a última hora y por miedo a quedarse sin los apoyos para la quinta y última prórroga del estado de alarma.
DIMISIONES, PURGAS Y ELECCIONES
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Sea como fuere, la oposición se frota las manos, a la espera de que rueden cabezas por los fracasos de los últimos días y fuentes parlamentarias apuntan a Lastra como epicentro del drama, aunque sus allegados la defienden y resaltan que siempre actúa con el respaldo de Moncloa. Otros sectores indican que Calviño sólo ha pospuesto una salida que dan por garantizada y que el nombre de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, vuelve a estar en la picota, por el fracaso de atraer a ERC a la abstención, ya que es la responsable de las relaciones con el partido republicano.
Por otra parte, se vuelve a agitar la disidencia entre los barones socialistas para forzar una ruptura de la coalición con Unidas Podemos. Buena parte del partido se halla mudo de estupor, según indican fuentes conocedoras, mientras otros, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, han hecho pública su postura. En un tuit, celebró explícitamente el pacto con Ciudadanos y su rechazo a que Moncloa vuelva a "recurrir para nada a partidos que no creen en España ni en futuro común de todos los españoles".
Por ahora, el Gobierno recoge los restos e intenta calmar al empresariado. El mismo Sánchez ha hablado con la patronal y los sindicatos para reconducir la situación. A la vez, trata de negar las discrepancias, que han sido públicas y notorias, al enviar una imagen de unidad apelando a las "distintas sensibilidades" de un Ejecutivo en el que, según la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, "vamos todos a una y lo importante es que seamos capaces de superar esta fase sanitaria".
Este aciago panorama hace pensar que la única vía de la subsistencia de este Gobierno es que, primero, se depuren responsabilidades, por lo que no sería de extrañar algún tipo de purga interna de los responsables de la alianza con el partido abertzale. Mientras tanto, la idea de un adelanto electoral a invierno que derive en una gran coalición para la reconstrucción tras la pandemia toma forma.
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