BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha sugerido este lunes que la cumbre extraordinaria prevista para aprobar el próximo domingo el acuerdo del Brexit no se celebre si antes no se resuelve la reserva que ha presentado el Gobierno español, que pide una modificación que aclare que cualquier pacto sobre la relación futura que afecte a Gibraltar debe pasar por el visto bueno previo de España.
"No queda mucho tiempo. Debería estar resuelto antes del domingo o que no tuviera lugar la reunión del domingo", ha declarado el ministro español en una rueda de prensa en Bruselas, al término de una jornada en la que los ministros europeos han analizado el acuerdo alcanzado la semana pasada a nivel técnico entre Londres y Bruselas.
Tras este encuentro, el negociador europeo, Michel Barnier, ha informado de que cuenta con un apoyo general, a falta de concluir el trabajo "interno" en la UE para finalizar el documento. Borrell, sin embargo, ha informado de que España ha condicionado su apoyo al acuerdo a que se introduzca "claridad jurídica" respecto a la situación de Gibraltar.
En el debate a 27, otras delegaciones han planteado también la necesidad de "precisar" algunos elementos del texto --un Tratado de 585 páginas--, pero España ha sido el único país que ha planteado su demanda como una condición para aprobar el acuerdo, han indicado a Europa Press fuentes europeas.
Con todo, Borrell ha aclarado en una rueda de prensa al término de la jornada que España no tiene "nada en contra" del Acuerdo y de sus disposiciones, pero que cree que incluye "cierta ambigüedad" con respecto a Gibraltar que espera que "se aclare".
En este contexto, Borrell y Barnier han mantenido al menos una reunión bilateral tras concluir la reunión de ministros, con el objetivo de abordar las dudas de España y tratar de buscar soluciones.
"Me he pasado el día con el señor Barnier", ha comentado el jefe de la diplomacia española para ilustrar los contactos de la jornada. Borrell no ha revelado los detalles del encuentro, pero sí ha adelantado que el negociador europeo defiende que "una vez que ha conseguido estabilizar el texto" no quiere que "se lo toquen".
El jefe de la diplomacia española ha apuntado que el problema tiene que ver con el artículo 184 del Tratado de Salida, una referencia que apareció "de la noche a al mañana el pasado miércoles, ha dicho el ministro, y que España no ve con buenos ojos, por lo que reclama su modificación.
Se trata de unos párrafos que apuntan que la UE y Reino Unido deberán negociar de manera "expeditiva" las condiciones de la nueva relación y ello, "con sus mejores esfuerzos, de buena fe y con pleno respeto de sus respectivos ordenamientos jurídicos".
"Queremos que quede claro en la interpretación de ese texto que las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea no se aplican a Gibraltar, que lo que se negocia entre Reino Unido y la UE tiene un ámbito territorial que no incluye a Gibraltar", ha resumido Borrell, para subrayar a continuación que el futuro de las relaciones con el Peñón se deben realizar "aparte".
Al plantear su queja, España ha recibido garantías de los servicios jurídicos del Consejo en cuanto a que su papel queda claro con respecto a las relaciones con el territorio gibraltareño, pero la Abogacía del Estado recomienda que se especifique ya y no dependa de interpretaciones futuras, según fuentes del Gobierno.
Desde el inicio de las negociaciones, la Unión Europea ha reconocido en varios momentos el derecho a veto de España a la hora de negociar la relación futura con Gibraltar y es esta condición la que el Gobierno quiere que quede reflejada en la misma terminología tanto en el acuerdo de divorcio como en la declaración política que sentará las bases de la negociación sobre la relación futura.
Las reglas de la UE establecen que el Tratado debe ser aprobado por una mayoría cualificada de Estados miembros, por lo que no sería necesaria la unanimidad habitual en las cumbres de líderes y podría ser adoptado sin el apoyo de España.
Borrell, sin embargo, ha descartado la posibilidad de que se adopte un acuerdo sin el apoyo unánime de los 27, porque "no sería políticamente aceptable" para el conjunto de la UE.