Empieza el "juicio del Siglo". La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, inaugura el proceso a los 12 líderes soberanistas acusados de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. Los magistrados dan inicio este martes a las cuestiones previas, pero no será hasta el jueves cuando escucharemos la voz de primero de los encausados: el exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras.
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Durante estas sesiones, las defensas alegarán la vulneración de derechos fundamentales y se procederá a la declaración de los 12 acusados. La expectación es máxima ante un proceso judicial que será televisado y seguido en directo por todo el mundo y que somete a la democracia española a una dura prueba.
El juicio culmina un largo proceso de instrucción que los seis magistrados que acompañan a Marchena tuvieron que prolongar más de lo previsto. Esta dilatación de los tiempos ha provocado que coincida en el calendario con el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se votan el 13 de febrero. Y ha condicionado absolutamente las negociaciones sobre los apoyos las cuentas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que con toda seguridad se tumbarán en el Congreso.
Pero el proceso a los líderes independentistas que organizaron el referéndum ilegal de autoeterminación del 1 de octubre de 2017 lleva largo tiempo marcando el compás de la vida política del país. La prisión preventiva de los nueve exconsellers y los activistas políticos a quienes se acusa de sedición ha servido al President de la Generalitat, Quim Torra, al PDeCAT y a ERC para seguir alimentando su relato sobre la represión, la autodeterminación y la independencia de la región.
Las protestas ciudadanas de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) han sido otra de las constantes durante los últimos meses. Todos exigen lo mismo: la puesta inmediata de los políticos presos y el fin de la represión. Y bajo esta misma retórica con toda seguridad se vetarán las cuentas de Sánchez, cuando postconvergentes y republicanos voten alineados con PP y Ciudadanos las enmiendas a la totalidad del proyecto de PGE del Gobierno.
CALENDARIO
Pero el Ejecutivo socialista, al igual que el anterior de Mariano Rajoy, ha defendido la independencia de la Justicia en esta causa y ha evitado toda injerencia. El alto tribunal, los cuatro fiscales del caso, dos abogadas del Estado y dos letrados de Vox dirigirán la acusación y se sentarán frente a 17 abogados defensores. Tienen por delante al menos tres meses de juicio con un apretado calendario de tres sesiones semanales, de martes a jueves, de 10.00 a 18.00 horas.
Las dos primeras semanas, del 12 al 21 de febrero, prestarán declaración los acusados. Los nueve presos independentistas que están en las cárceles de Soto del Real y Alcalá-Meco se dirigirán este martes hacia el Tribunal Supremo a las 7:30, en la primera conducción del día de la Guardia Civil.
Una vez lleguen al Tribunal Supremo, que reforzará la seguridad debido a la gran dimensión del juicio, los presos comerán un menú caliente del catering contratado por Instituciones Penitenciarias. Al término de la jornada, volverán a sus celdas en los módulos de respeto. Allí, podrán usar un ordenador sin conexión a Internet, según fuentes penitenciarias.
Tras estas sesiones, se tomará declaración a los testigos (entre los admitidos figura el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy), se verán las periciales y, por último se leerán las conclusiones finales.
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En cuanto a la sentencia, el Supremo no cree que pueda tenerla redactada antes de las elecciones de mayo -de hecho podría llegar en julio-, teniendo en cuenta que la vista oral podría alargarse hasta finales de abril. Además, expertos juristas recuerdan que en otros casos relevantes el alto tribunal dilató su pronunciamiento seis meses, como el de la primera época del 'caso Gürtel'.
PENA MÁXIMA PARA JUNQUERAS
Durante todos estos meses se sentarán en el banquillo de los acusados, además de Junqueras, los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y los dos presidentes de entidades sociales catalanas ANC y Òmnium (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart).
Las penas de cárcel van desde los 25 años de condena que la Fiscalía solicita para Junqueras, a los 7 años para Mundó, Borràs y Vila, a quienes, a diferencia del resto, no se juzga por rebelión. El resto de acusados pueden llegar a cumplir penas de 16 o 17 años de prisión.
Según afirma la Fiscalía en su escrito de acusación, todos ellos "dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia -a la que denominaron 'procés'- perfectamente planificada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como un nuevo Estado con forma de República".
Sin embargo, no veremos declarar a otros responsables de la convocatoria del referéndum que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Son los exmiembros del Govern de Carles Puigdmeont huidos como el propio expresident, los exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret y las dirigentes de la CUP y ERC Anna Gabriel y Marta Rovira.
