La sesión del Parlament de Catalunya de este 26 de marzo, en que el candidato de ERC, Pere Aragonès, pedirá su apoyo a los diputados para ser investido president de la Generalitat tiene su final escrito antes incluso de empezar. Las reticencias e imposiciones de Junts en las negociaciones para formar el Govern de la XIII legislatura en Cataluña apuntan a que el republicano no se hará, ni de lejos, con la mayoría absoluta de 68 escaños que requiere para colocarse como jefe del Ejecutivo autonómico en primera vuelta del debate de investidura. Pese a contar con los apoyos de la CUP, los 42 diputados que suma son claramente insuficientes.
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Lo peor de todo es que, en estos momentos, hay cero garantías de que lo logre en la segunda vuelta, ya que los junteros han hecho gala de una flema inusual en las conversaciones que podrían continuar más allá de la próxima semana. Las declaraciones de varios miembros de Junts de que el tira y afloja sobre los puntos de desencuentro con 'esquerra' está lejos de terminar colocan a Aragonès en el centro de un pariré, un trámite, para hacer correr el reloj hacia adelante.
En este contexto, no extraña la reclamación del candidato del PSC, Salvador Illa, que insiste en querer presentarse a la investidura, ya que le respaldarían 39 parlamentarios -33 del PSC y 6 de Ciudadanos-, un puñado menos que a Aragonès. No obstante, en estos momentos las opciones de lograr tirar adelante su propuesta son aún menores que las del republicano. Los comunes ya han declarado que no apoyarán a ninguno de los dos candidatos y aunque PP y Vox -cuyo portavoz, Ignacio Garriga, también ha manifestado que su formación no votará a ningún candidato de la izquierda- le dieran el sí al socialista, aglutinaría 53 respaldos, que nada tienen que hacer frente a los 74 'noes' del bloque independentista.
No obstante, Aragonès es prisionero de los 'síes' de sus excompañeros de coalición, con quienes acabaron detestándose en la anterior legislatura. Aunque el sentido del voto posconvergente fuera la abstención en la segunda vuelta, que debe celebrarse dos días después de la primera, el republicano tampoco lograría más votos a favor que en contra -mayoría simple-, ya que los noes alcanzarían los 61 escaños.
Así, Junts tiene la llave de un gobierno que tendrá que esperar a formarse en las próximas semanas o meses. Tal como están las cosas, fuentes de ambos partidos indican que la sesión que se celebrará o el domingo o el martes -si la presidenta del Parlament, Laura Borràs, logra dilatarlo hasta entonces, contando con que los dos días de margen deben ser hábiles-, certificará el fracaso de Aragonès en el primer intento.
Llegados a este punto, se abrirá un periodo de dos meses para que los partidos puedan seguir negociando. En este caso, la fecha máxima para desbloquear la investidura sería el 26 de mayo. Si pasado este tiempo no se hubiera podido investir un president, la cámara quedaría automáticamente disuelta y se convocarían elecciones.
Los comicios se tendrían que celebrar en el plazo de 54 días, es decir, el 19 de julio. A esta situación se estuvo a punto de llegar después de las elecciones del 27 de septiembre del 2015. La CUP no quiso investir el candidato de Junts pel Sí, Artur Mas, que dio un paso a un lado y propuso Carles Puigdemont, que finalmente fue investido presidente justo antes de tener que convocar otras elecciones.
Las diferencias entre Junts y ERC, según explican desde el entorno de los partidos, están, por un lado, en que en la distribución al 50% de departamentos del gobierno autonómico, se busca un intercambio de carteras. Es decir, que en esta nueva etapa pasen bajo control republicano las que estaban bajo tutela de los neoconvergentes y viceversa. Pero ERC no las tiene todas, ya que eso supondría renunciar a las carteras sociales. Por otra parte, 'esquerra' es reacia a que la hoja de ruta independentista esté monitorizada a por el Consell de la República jurídicamente inexistente y presidido por el expedient Carles Puigdemont.
Estos asuntos se airearán durante el debate de investidura que arrancará, según lo estipulado, con la intervención del candidato propuesto por la presidencia del Parlament -Aragonès-, que a continuación inicia una interlocución con los líderes de cada grupo parlamentario.
Al final del debate, que suele prolongarse a lo largo de dos jornadas, aunque parece que se resolverá en una, se procede a una primera votación, en la que quien se postula para ocupar la presidencia de la Generalitat debe obtener la mayoría absoluta de los votos, es decir, un mínimo de 68 sobre 135.
