ep la presidenta de la comunidad de madrid isabel diaz ayuso interviene en una rueda de prensa
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoDavid Obach - Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación por el contrato que implica al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, van a analizar el contenido de las denuncias presentadas después de conocerse que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros por traer mascarillas. Un caso que ha provocado que se abra una guerra interna en el PP.

Anticorrupción ha estudiado las tres denuncias presentadas el viernes pasado por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid en las que se pedía se investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta regional. Tras ese primer análisis, la Fiscalía cree que puede haber trascendencia penal en la conducta y, por tanto, incoa diligencias de investigación. A partir de ahora, informa Europa Press, se abre la posibilidad de que se puedan practicar actuaciones tales como requerimientos y declaraciones.

Precisamente Ayuso anunciaba este lunes que iba a mandar el mencionado contrato a la Fiscalía. "Enviaremos todos los documentos del contrato a la Fiscalía, donde me han arrastrado maliciosamente", dijo durante la inauguración de una biblioteca en Boadilla del Monte.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró este viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid.

COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El Ministerio Público ha tomado en consideración las denuncias interpuestas por los partidos de la oposición. En su escrito, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y que consiguió una "comisión" por ello. El PSOE, por su parte, entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos", mientras que Más Madrid señala que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias".

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