La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha decidido ir un paso más allá en los ya tradicionales actos que organiza cada 'Onze de setembre'. Además de la manifestación que convoca anualmente, y que se ha quedado ligeramente por debajo de otras ediciones en cuanto a número de inscritos, prevé darle un impulso extra a su campaña de 'consumo estratégico'. Puesta en marcha en noviembre de 2018, promueve aquellas empresas que favorecen la economía catalana.
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La iniciativa ha recibido dura críticas por parte del empresariado catalán, especialmente de entidades como Foment del Treball. La patronal catalana presentó una denuncia contra la entidad independentista ante la Autoridad Catalana de la Competència (Acco). Argumentó que la ANC fomentaba "una conducta anticompetitiva prohibida porque es contraria a la buena fe, falsea la libre competencia en el mercado y afecta al interés público" y contempló impulsar medidas judiciales, que por ahora no ha concretado.
Por su parte, la ANC explicó en su día que esta campaña de 'consumo estratégico' buscaba que los ciudadanos consumieran en empresas que "respondan a unos valores de libre mercado, de no injerencia de los poderes políticos y que respeten las decisiones democráticas de los ciudadanos" de Cataluña. En definitiva y según dijo la propia presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, compañías que quieran "contribuir a la república catalana", lo que desde algunos sectores se interpretó como un boicot a las empresas que no abonen esta política, mas concretamente a los valores del Ibex 35.
La entidad ideó la propuesta con el foco en los consumidores, animándoles a "cambiar de proveedores a aquellos afines con la causa separatista", sobre todo en el consumo de electricidad, gas, telefonía, carburantes, entidades financieras y representación sindical y patronal, explican fuentes conocedoras. Con este fin, creó un buscador al que las empresas se inscriben voluntariamente, para que los "clientes particulares estratégicos" busquen compañías que cumplan con estos criterios, y ha negado desde un principio que pretenda hacer listas de buenas y malas empresas.
Recientemente, ha ido más allá y ha ampliado el radio de acción a las instituciones catalanas, con un programa piloto en la comarca de Osona que tiene como objetivo forzar a los consistorios -unos cincuenta- a contratar empresas que comulguen con los valores de la república catalana. Desde el ámbito político, Ciudadanos ha cargado duramente contra la medida ya que "busca forzar a las empresas catalanas a significarse políticamente de manera pública" y "confeccionar perfiles ideológicos que permitan discriminar a empresas 'no afines' a la causa separatista".
Empresarios consultados por este medio coinciden en calificar los pasos dados por la entidad soberanista de "boicot". Según señalan, las compañías catalanas que no quieren posicionarse se hallan en condición de "indefensión" y aseguran que perjudica a la economía catalana y "pone en riesgo miles de puestos de trabajo".
Además de la ya citada oposición de Foment, Pimec, en su día, también rechazó totalmente el buscador de empresas de la ANC. Subrayaron que están en contra de "cualquier medida de boicot" que perjudique y confronte empresas y consumidores. La patronal de las pimes catalanas ha defendido que "no se puede poner en peligro" el negocio de las empresas por cuestiones políticas y ha subrayado su oposición a cualquier maniobra que pueda tener consecuencias graves sobre la economía.
Pero la ANC hace oídos sordos y ubica este veto a las empresas no independentistas en el corazón de los actos organizados para esta Diada. Ha informado que habilitará entre las 10,00 y las 15,00 horas en el Pla de Palau de Barcelona y en sus calles adyacentes un espacio donde se podrán encontrar "puntos interactivos para tomar conciencia de qué herramientas hay para cambiar la realidad actual y avanzar hacia la independencia".
Esta campaña de 'consumo estratégico' forma parte de otra campaña más global, la de 'Eines de País', que, entre otras cuestiones, logró promocionar una candidatura que se hizo con el control de la Cámara de Barcelona, que lidera Joan Canadell.
OCTAVA MANIFESTACIÓN INDEPENDENTISTA CONSECUTIVA
Además, junto a Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència (AMI), ultima los preparativos de la que será la octava manifestación independentista que cuenta con más de 400.000 inscritos, por debajo de los 460.000 del año pasado. La asociación independentista ha informado que ha reservado 1.000 autocares y ha vendido 250.000 camisetas, menos que el año pasado, cuando explicó a Bolsamanía que distribuyó 270.000. Se calcula que esta actividad ha generado unos ingresos de 3,7 millones de euros.
El epicentro de la convocatoria será la plaza de Espanya de Barcelona, lugar en el que los manifestantes confluirán desde las seis arterias colindantes (Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel y Maria Cristina), lo que simbolizará que "desde caminos distintos, hay puntos de encuentro para llegar a un objetivo común", según explicaron en rueda de prensa los organizadores.
Los políticos no podrán situarse en la zona de invitados como era habitual como muestra de rechazo a la falta de entendimiento entre el soberanismo y como respuesta a los pactos con el PSC en municipios y en la Diputación de Barcelona.
