- Lo ocurrido es inadmisible, y en momentos electorales como los actuales debería tener una repercusión intensa
La conversación divulgada por 'Público' entre el jefe de la Oficina Antifraude –Daniel de Alfonso, un magistrado nombrado por mayoría cualificada del Parlamento de Cataluña, con el apoyo del PP- y el ministro del Interior, el catalán ultraconservador Fernández Díaz, en la que se pasa revista a la criminógena búsqueda de irregularidades en la vida de familiares de los independentistas más reconocidos para desacreditarlos políticamente, pone de manifiesto un episodio más de intolerable manipulación de las estructuras de Estado en beneficio del poder.
El propio gobierno utiliza descaradamente recursos policiales para imponerse a sus adversarios.
Lo ocurrido es inadmisible, y en momentos electorales como los actuales debería tener una repercusión intensa, pero es todavía más intolerable que, tras la filtración, el presidente del Gobierno en funciones y jefe de filas del ministro del Interior haya ignorado unos hechos tan detestables mientras el ministro, en lugar de presentar precipitadamente la dimisión, se ha interesado tan solo por el origen de la filtración y la autoría de la grabación. Es, realmente, curioso y hasta chusco que el despacho del responsable de Interior no sea un lugar seguro, pero lo importante del caso es lo que ha salido a la luz y no las circunstancias de alrededor.
Hace pocos días, el PP criticó en un legítimo rapto de puritanismo democrático a Monedero, uno de los fundadores de Podemos, porque dijo en un mitin que en Podemos hay jueces y policías que esperan una orden del nuevo gobierno para actuar enérgicamente contra los corruptos… Lo de ahora va en la misma línea pero es todavía mucho más grave: el propio gobierno utiliza descaradamente recursos policiales para imponerse a sus adversarios.
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