Como era previsible, el nuevo presidente improvisado de la Generalitat, el exalcalde de Gerona, Puigdemont, más de pata negra soberanista que Mas (un advenedizo converso, después de todo), ha asumido completamente el discurso de investidura que pronunció éste el 9 de noviembre, con el que no consiguió su objetivo de acceder otra vez a la cabeza del gobierno catalán.
El Parlamento de Cataluña es una emanación de la Constitución Española, por lo que carece de sentido la pretensión de pueda actuar por libre, sin acatar el principio de legalidad que lo crea y le otorga sentido.
Ahora, con la colaboración de dos tránsfugas de la izquierda radical, el independentismo ha conseguido mediante la negociación lo que las urnas le habían negado (el argumento, no se escandalicen, es de Artur Mas, y demuestra el escaso pedigree democrático de los promotores del ‘proceso’).
El planteamiento de la Hoja de Ruta, planteada en la declaración 1/XI que fue rápidamente anulada por el Tribunal Constitucional, es, pues, el mismo: partiendo de las hipótesis inaceptables de que la soberanía de Cataluña reside el Parlamento de Cataluña, y de que la mayoría social catalana ha emitido un mandato independentista, comenzará a elaborar una estructura legislativa de Estado que, una vez puesta a funcionar, pueda “desconectar” de España.
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EL ESCENARIO REAL
El Parlamento de Cataluña es una emanación de la Constitución Española, por lo que carece de sentido la pretensión de pueda actuar por libre, sin acatar el principio de legalidad que lo crea y le otorga sentido. Y es evidente que, como se hizo con aquella declaración, que además de la ruptura proponía la insubordinación civil, las instituciones del Estado actuarán con puntualidad ante cualquier extralimitación que pueda cometerse.
Es, pues, absurdo que Puigdemont engañe de nuevo a la ciudadanía con la promesa de un desarrollo político que no se va a producir, por la sencilla razón de que será convenientemente abortado.
En lo tocante a la falta de masa crítica para declarar la independencia, hay poco que hablar: en Derecho Internacional ha calado la idea de que una secesión en un estado maduro no sería admisible ni podrá siquiera plantearse sin una ‘mayoría muy cualificada’ que lo solicitara y estuviera dispuesta a negociar con la minoría; tanto menos admisible será que se intente la secesión sin poseer siquiera al mayoría absoluta de los votos emitidos en una consulta plebiscitaria.
Es, pues, absurdo que Puigdemont engañe de nuevo a la ciudadanía con la promesa de un desarrollo político que no se va a producir, por la sencilla razón de que será convenientemente abortado. La declaración del presidente (en funciones) Rajoy el pasado domingo, minutos después del discurso de investidura de Puigdemont y antes incluso de que concluyera el pleno del Parlament, fue bien expresiva: España es una “nación libre, madura, europea y consolidada” y él, presidente del Gobierno, no permitirá que “nadie se arrogue poderes ilimitados y sin control fuera de la Ley y de la democracia”. Por esa razón, ha dado instrucciones para que se dé una respuesta acorde al Estado de Derecho a “cualquier actuación que pueda adoptarse por parte del nuevo Gobierno de Cataluña, de su presidente, de su Parlamento o de cualquier institución, que suponga la vulneración de la Constitución o del ordenamiento jurídico”.
En otras palabras, el gobierno de la nación impulsará todas las medidas necesarias para que, con toda las garantías judiciales y procesales, la delirante hoja de ruta del soberanismo no avance, aunque ello suponga adoptar decisiones traumáticas.
El gobierno de la nación está en funciones, y sería deseable que dejara de estarlo para recuperar la normalidad. Pero, como acaba de verse, el hecho de que haya dificultades para encontrar una vía de gobernabilidad tras las elecciones del 20D no debilita en absoluto al Estado, ni hace peligrar el Estado de Derecho. El discurso de Rajoy de ayer fue pronunciado poco después de que el todavía presidente recabase y obtuviese el respaldo explícito de Pedro Sánchez y de Albert Rivera (inetntó también habalar con Pablo Iglesias). En definitiva, Rajoy posee toda la legitimidad para cumplir plenamente su función el tiempo que haga falta. Sería tranquilizador que el nuevo gobierno, que se apoyará sin duda en las mismas tesis, llegara cuanto antes, pero no hay que dramatizar la cuestión: como dice Rajoy, ésta es una democracia sólida y en cualquier circunstancia será capaz de mantener firmes y enhiestos los grandes principios. Lo grave, por las incertidumbres que padecerán los catalanes, es que no se hayan percatado de la realidad quienes de nuevo, cargados de fanatismo y de irresponsabilidad, se disponen a reanudar un viaje penoso hacia ninguna parte.
Antonio Papell
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