Hoy, Cataluña se embarca en un delirio insólito, de la mano de un nacionalismo en declive que se jugará el todo por el todo en un envite perdido de antemano.
Un envite que puede diluirse como un azucarillo (en el mejor de los casos) o que puede envenenar todavía más, hasta extremos letales, una convivencia ya muy comprometida por la fractura generada por quienes, sin disponer de los apoyos masivos necesarios, insisten en avanzar hacia la independencia, ya no se sabe si por razones ideológicas –cada vez más difíciles de explicar- o por otros motivos mucho menos filantrópicos. Entre ellos, el de que “la independencia es la vía más segura para una amnistía de los corruptos”, como escribía este sábado Gregorio Morán.
Y es que CDC es una formación degradada hasta la náusea, en la que la familia del patriarca ha operado durante décadas como recaudadora del sistemático cohecho que formalizaba la confusión entre el interés general y el de los indecentes próceres que se llenaban mientras tanto al boca de patrióticas exaltaciones.
Hoy por la mañana, como es conocido, se vota la propuesta de resolución presentada a la cámara el 27 de octubre que “declara solemnemente el inicio de creación del estado catalán independiente en forma de república”, “proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo”, y reitera que “este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que consideran deslegitimado”; finalmente, “ insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandato emanados de esta Cámara, legítima y democrática”, lo que supone una llamada a la desobediencia civil, al desacato con respecto a la legislación estatal.
Con posterioridad, el 6 de noviembre, han sido presentadas enmiendas de adición al texto, para complacer a la CUP, encaminadas a “blindar derechos fundamentales afectados por decisiones de las instituciones del Estado”. Se imponen, en definitiva, los criterios de la izquierda radical, incluido el rechazo al pago íntegro de la deuda pública. Gloriosa compañía de viaje para un partido que ha alardeado siempre de ser portavoz de las clases medias catalanas.
La declaración no supondrá –es obvio- desconexión alguna del Estado porque, se quiera o no, el Tribunal Constitucional, alertado por el pertinente recurso del Gobierno de la nación, declarará en horas la inconstitucionalidad del disparate, pero sí desconecta definitivamente el ‘proceso’ catalán de la comunidad internacional, que jamás daría el menor cobijo a unos locos que pretenden romper un venerable régimen democrático unilateralmente, mediante una declaración improvisada que propugna la insubordinación al estado de derecho, y por añadidura sin haber acreditado disponer de una mayoría social significativa (no se ha hecho referéndum porque es constitucionalmente imposible en la formulación que pretendía el nacionalismo, pero éste ya ese ha encargado de hacer el recuento, y el apoyo a los secesionistas ha sido inferior al 50% de los votos emitidos).
La única incógnita, en este momento, es cuál será la reacción de la presidenta del Parlamento catalán, Forcadell, y de los diputados nacionalistas ante la anulación inapelable de la declaración: la reforma de la ley orgánica del TC sobre la ejecución de las sentencias, aprobada definitivamente el pasado octubre, permite la inhabilitación de quienes se resistieran al imperio de la ley.
Hoy por la tarde, Artur Mas, el ideólogo de todo este dislate, persona de confianza de toda la vida de la familia Pujol, que todavía despacha con el exhonorable para recibir consejo y aleccionamiento, leerá su discurso de investidura, con la conciencia de que la CUP no le votará en ningún caso. Esta negativa es el único signo de coherencia en todo el dislate al que estamos asistiendo: la izquierda radical y asamblearia no está dispuesta a votar a quien es el epígono de los Pujol y a quien ha aplicado con agrado las políticas neoliberales suscitadas por la crisis. Se da por seguro que mañana, día en que se producirá la votación, la CUP propondrá un candidato alternativo, que no será aceptado por “Junts pel sí”, con lo que Mas no saldrá investido y se habrán cegado la vías para cualquier otra fórmula. Si así ocurre, es probable que ya no haya más votaciones en los dos meses de plazo para formar gobierno que empezarán a correr al celebrarse de la votación de investidura, con lo que Mas podría convocar en cualquier momento nuevas elecciones anticipadas.
A lo que se ve, la gobernación ordinaria de Cataluña les importa una higa a los nacionalistas que conducen el proceso. En mitad del barullo nos hemos enterado de que en Cataluña no hay dinero para pagar el gasto farmacéutico porque nos lo han advertido los profesionales de farmacia… Pero lo importante para Mas y sus enfebrecidos conmilitones y socios es la cuestión de la soberanía. Esta pretensión visionaria que se ha querido teñir de patriotismo pero que queda muy bien expresada con la actitud del empresario Grifols, quien se ha declarado ferviente partidario de la soberanía de Cataluña al mismo tiempo que se llevaba el negocio a Irlanda, donde pagará muchos menos impuestos que en España.
La aventura independentista se sumerge, en fin, en el magma volátil del chascarrillo y el ridículo, pero tenemos que estar vigilantes porque entre la comedia y la tragedia a veces no hay más que un paso. En este sentido, la reiterada declaración del Gobierno de que actuará con proporcionalidad y gradualidad resulta tranquilizadora.
Antonio Papell