AMP3.- Bolivia.- Un decreto exime a las FFAA bolivianas de responsabilidad penal en caso de "legítima defensa"

Un decreto firmado por la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, exime a las Fuerzas Armadas del país de responsabilidad penal en caso de que actúen en "legítima defensa o estado de necesidad".

"El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", según puede leerse en el documento, recogido por 'Página Siete'.

Al menos 16 personas han muerto durante las protestas en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre en el país, nueve de ellos en Cochabamba, dos en La Paz, cuatro en Santa Cruz y una en Potosí.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido al decreto difundido y lo ha calificado de "grave". Asimismo, ha indicado en su cuenta de Twitter que "desconoce los estándares internacionales de Derechos Humanos y por su estilo estimula la represión violenta".

"Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos", ha agregado el organismo.

"La CIDH condena cualquier acto administrativo del Gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales", ha remachado.

En la misma línea que el CIDH se ha expresado el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que ha criticado el decreto, considerándolo como una "carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".

"Los autores del golpe de Estado en Bolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en las armas y bayonetas de Policía y Fuerzas Armadas", ha denunciado Morales en su cuenta de Twitter. "Esta es la verdadera dictadura que masacra sin clemencia", ha apostillado.

En este contexto, el ministro de Defensa de Bolivia, Fernando López, ha defendido este sábado el decreto y ha cuestionado a la CIDH por criticarlo sin tener en cuenta "lo que está viviendo Bolivia".

"Pienso que la percepción de la Comisión es sesgada y además parece que no conoce lo que está viviendo Bolivia, hay grupos subversivos armados, con armas de grueso calibre", ha indicado López, según ha recogido 'La Razón Digital'. "Entonces, está totalmente fuera de foco, de la coyuntura actual, así de sencillo", ha zanjado.

También el ministro de la Presidencia de Bolivia, Jerjes Justiniano, ha defendido el decreto. Ha aclarado que "no es una licencia para matar, es un elemento disuasorio".

"El decreto tiene una base constitucional, toda vez que las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Constitución, su finalidad es contribuir con el orden nacional", ha señalado Justiniano, según 'Página Siete'.

"Este decreto autoriza para que las Fuerzas Armadas puedan contribuir con el orden", ha insistido. "Lo que hace este decreto es precisamente ratificar lo que ya está establecido en el código penal, lo que de ninguna manera se transforma en una licencia para matar, no", ha hecho hincapié Justiniano, al tiempo que ha precisado que "lo que pretende el Gobierno es evitar la confrontación y evitar la muerte".

"CONSTERNACIÓN" EN EL GOBIERNO

Por su parte, el Gobierno de Áñez ha expresado este sábado su "consternación" por las muertes registradas este viernes en Sacaba, al tiempo que ha denunciado que Morales promovió la movilización.

"Está convulsionando el país y eso los bolivianos lo reclamamos ante el mundo. No estamos nosotros con el ánimo de estar confrontándonos ni asesinando bolivianos", ha apostillado la autoproclamada presidenta interina del país, ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.

La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre. Morales proclamó su victoria mientras que la oposición denunció un "fraude gigantesco". La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha confirmado "irregularidades".

Morales dimitió el domingo y el martes llegó a México en calidad de asilado político. Áñez se ha proclamado mandataria interina para evitar el vacío de poder dejado por la renuncia del líder indígena y otros altos cargos, asegurando que su objetivo es celebrar nuevas elecciones.