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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una rueda de prensa telemáticaAYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, será investida por la Fiscalía Provincial de Barcelona tras una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines a Barcelona en Comú. Por su parte, Colau ha recordado que las subvenciones municipales a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) y al Observatorio Desc vienen del mandato del exalcalde de CiU, Xavier Trias, y que el Gobierno de BComú y PSC se limitó a renovar "un convenio que ya existía".

Los denunciantes atribuyen a la alcaldesa de Barcelona, la concejal Laura Pérez y varios miembros de su antiguo Gobierno, como Gala Pin y Laia Ortiz, los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por supuestas concesiones de subvenciones a entidades afines a En Comú-Podem. Entre ellas, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energètica, Enginyers sense Fronteres y el Observatorio DESC, esta última entidad en la que trabajó Colau y que ha recibido subvenciones desde la época de Xavier Trias.

Basan su acusación en las reservas que presentó el interventor municipal cuando alertó de que se había abusado de las concesiones de subvenciones por la vía excepcional y no por concurso público. Así pues, la Fiscalía deberá a partir de ahora analizar si los indicios recabados en la denuncia tienen apariencia delictiva o no y, en caso de que lo sean, presentará una querella.

En una entrevista en RAC1, la alcaldesa Ada Colau ha asegurado esta mañana que todas estas concesiones "están justificadas" y que se han concedido siguiendo la normativa. "No creo que haya causa", añade.

SOBRE LOS DEMANDANTES

Colau ha asegurado que Abogados Catalanes por la Constitución ya les han llevado ante los tribunales otras veces y que es una asociación que "se ha significado por hacer querellas muy políticas".

En ese sentido, ha sostenido que el hecho de que su Gobierno se haya "posicionado muy fuerte contra la especulación en la ciudad" les ha generado adversarios políticos, y que tanto ella como concejales han recibido querellas que luego han sido archivadas.

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