• "Haremos cumplir las normativas que impiden el maltrato animal", ha asegurado
Desayuno Ada Colau EP 1

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este jueves, que "diga lo que diga" el Tribunal Constitucional (TC), la capital catalana impedirá el maltrato animal.

En un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, Colau ha recordado que Barcelona se declaró ciudad antitaurina en 2004, después de que el Pleno del TC ha anulado la Ley catalana que prohíbe las corridas de toros. "Barcelona es una ciudad antitaurina desde 2004. Diga lo que diga el TC, haremos cumplir las normativas que impiden el maltrato animal", ha asegurado.


El Tribunal Constitucional ha acabado de confirmar su sentencia anulatoria de la prohibición del Parlament de Cataluña sobre las corridas de toros en la comunidad. El Alto Tribunal discutió esta decisión en el pleno de hace dos semanas y ya se anticipó que fallaría a favor del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, pero no ha hecho público el dictamen hasta ahora.

Así, el pleno del TC ha decidido revocar el artículo 1 de la Ley catalana que prohíbe las corridas de toros porque invade la competencia del Estado, con el voto favorable de ocho de sus miembros. Otros tres magistrados han votado en contra y formularán un voto particular, han informado fuentes del órgano de garantías. En su sentencia el Alto tribunal considera que la cámara no tiene competencias para prohibir este tipo de espectáculos, aunque sí le reconoce la potestad de regularlos y para proteger a los animales, por lo que esta circunstancias por si sola no convierte en inconstitucional la ley catalana.

Así, la competencia sobre espectáculos públicos podría incluir la prohibición de las corridas con el fin, como es el caso, de proteger a los animales. Pero en este caso hay que tener en cuenta que la tauromaquia ha sido declarada por el Estado patrimonio cultural, razón por la que la prohibición invade competencias estatales en materia de cultura (artículos.1.28 y 149.2 de la Constitución. El Estado dictó dos leyes, una en 2013 y otra en 2015, que no fueron recurridas ante el TC, con las que los declaró patrimonio cultural inmaterial, recuerda la sentencia dada a conocer este jueves.

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