- La decisión, forzada por el Gobierno, ha generado tensiones entre Abogacía y Ministerio de Justicia
El Gobierno ha forzado a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los procesados del 1-O. Así, el Ministerio de Justicia acusa por los delitos de sedición y malversación, que aunque conllevan penas elevadas, son siempre inferiores a las de la rebelión.
La decisión supone que en el juicio del 1-O la Abogacía sostendrá que nunca llegó a haber episodios de violencia suficientes como para acusar por rebelión, recogen distintos medios nacionales. En los últimos días, el Gobierno de Pedro Sánchez había puesto en duda públicamente que pudiera acusar por rebelión.
El Código Penal describe la sedición como una variante leve de la rebelión. Las penas por sedición van de los 10 a los 15 años para quienes, estando constituidos como autoridad, "hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores".
Ese cambio de orientación ha generado tensiones entre la Abogacía y el Ministerio de Justicia. Es este segundo, en última instancia, quien tiene la última palabra sobre cuál debe ser la acusación. La Abogacía actúa como representante de la Administración en los tribunales y no cuenta con la autonomía de la que disfruta la Fiscalía.
