El número de investigados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O y la creación de estructuras de Estado para la futura República en Cataluña, ha ido creciendo y se sitúa ya en 43, entre los que están altos cargos del Govern, segundos niveles de la Administración catalana, empresarios y hasta la interventora de la Generalitat, según los datos recogidos por Europa Press que constan en el sumario.
La investigación se abrió a raíz de las denuncias presentadas por Vox contra el juez y exsenador de ERC Santiago Vidal por sus afirmaciones en varias conferencias sobre presuntas ilegalidades que estaría cometiendo la Generalitat para crear estructuras de Estado, mediante actuaciones secretas fuera del marco legal.
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Vidal, que en aquel momento ya había sido suspendido por el CGPJ por participar en la redacción de la Constitución de la futura República, apuntó al desvío de fondos públicos, aludiendo a una partida de 400 millones para estas estructuras de Estado e incluso afirmó que la Generalitat disponía de los datos fiscales de los residentes en Cataluña.
Tras las investigaciones iniciales, las primeras detenciones ordenadas por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fueron practicadas por la Guardia Civil en el marco de la 'operación Anubis', el día 20 de septiembre, y fueron un total de 14, junto con los registros de las consejerías de vicepresidencia, Economía, Gobernación, Relaciones Institucionales, Trabajo y Asuntos Sociales y Exteriores, así como la Fundación PuntCat, la emrpesa T-Systems y el Isnistuto de Estudios de Autogobierno.
Los 14 detenidos en aquel momento fueron: Josep Maria Jové, secretario general de la Vicepresidencia -cuyo caso ha pasado al TSJ de Cataluña-; Josep Lluís Salvadó, secretario de Hacienda; David Franco, jefe de desarrollo del CTTI adscrito al Departamento de Trabajo; David Palanques, responsable de proyectos del CTTI destacado en el Departamento de Trabajo; Josué Sallent Rivas, director de estrategia del CTTI; Xavier Puig Farré, responsable del área de TIC del Departamento de Relaciones Institucionales; Joan Manel Gómez Sanz, jefe de área del Consorcio Administració Oberta de Cataluña y Francesc Sutrias, director del departamento de Patrimonio.
Junto a ellos, los agentes del Instituto armado detuvieron también a Joan Ignasi Sánchez, Jefe de gabinete de la Consejera de Gobernación;Natalia Garriga, directora de servicios de la Vicepresidencia; Josep Masoliver, director de la Fundación puntCat y Mercedes Martínez Martos, técnica del departamento de Vicepresidencia.
Ese día resultaron detenidos, además, dos responsables de empresas privadas: Rosa María Rodríguez Curto, directora de servicios de la empresa T-Systems y Pau Furriol Fornells, empresario y propietario de la nave industrial en la que se encontraron casi 10 millones de papeletas de votación. Además, la Guardia Civil realizó registros en los domicilios de Carles Viver Pi Sunyer y de Santiago Vidal. Estos dos últimos, también imputados en el sumario.
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LA DIRECTORA DE PROTECCIÓN DE DATOS, ENTRE LOS ÚLTIMOS INVESTIGADOS
Tras estas primeras detenciones e imputaciones, la nómina de los investigados en ese juzgado ha ido creciendo a medida que iba avanzando la investigación. Entre los últimos en engrosar esta lista están la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Nuria Llorach Boladeras; el periodista Saúl Gordillo, director de Cataluña Radio; Vicent Sanchís Llacer, director de TV3 y la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, María Angels Barbara Fontdevila.
Entre los imputados aparece incluso la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, quien ya había sido advertida de posibles responsabilidades por el Ministerio de Hacienda cuando, en septiembre de 2017, comunicó que no informaría más al departamento que entonces dirigía Cristóbal Montoro, de los gastos de la Generalitat, tras las órdenes dadas por vicepresidente Oriol Junqueras.
Finalmente Rosa Vidal remitió la información y tuvo que responder a numerosos requerimientos del Secretario de Estado de Hacienda, tras varias quejas de la Guardia Civil, que consideraba que ponía obstáculos a facilitar los datos que se la pedían. Finalmente, en julio de 2018, el juez la imputó en la causa.
DIEZ CARGOS Y TRABAJADORES DEL CTTI
Además de los tres cargos intermedios del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) --adscrito a Presidencia-- detenidos el 20 de septiembre, el Juzgado 13 ha incluido como investigados a otros 3 cargos y trabajadores. Se trata del director del Centro, Juan Martín Angulo Arrese; el director del área TIC, Luis Domingo Anaya Torres; el director corporativo, Valentín Arroyo Peña; el jefe de Riesgos adscrito a la Administración Abierta de Cataluña, Joan Manel Gómez Sanz.
A ellos se suman los trabajadores del CTTI José María Sevilla Reig y Antonio Jesús Vargas Castillo. Según los informes de la Guardia Civil, algunos de ellos participaron en la creación de la página de voluntarios para el 1-O. De hecho, los investigadores averiguaron que trabajaron sin orden por escrito y la reclamaban para estar cubiertos.
OCHO EMPRESARIOS INVESTIGADOS O CARGOS DE EMPRESAS
También están siendo investigados por el Juzgado número 13 de Barcelona un total de ocho empresarios o trabajadores de empresas que presuntamente participaron en la organización del 1-O.
Además de los detenidos el 20 de septiembre de 2017 --Rosa María Rodríguez Curto y Pau Furriol Fornells--, el Juzgado ha incluido en su lista de investigados a Pablo Raventós, director general de Unipost y a Felipe Andanuche Serra, exjefe de operaciones de Unipost.
También están imputados Sergi Aymeritch Román, genrente de Global Solutios y Global Factory Print; José Oriol González Martínez, CEO y propietario de Buzoneo Directo --donde se encontraron 1,3 millones de dípticos y folletos llamando al voto--; Ricardo Martí Ramón y Sergio Bellido Andújar, consejero delegado de Novoprint.
Tres de estos empresarios declararon en su día al juez Ramírez Sunyer que no habían cobrado los trabajos que realizaron. Tampoco lo ha hecho Unipost, que según la Guardia Civil acumuló casi un millón de euros divididos en 5 facturas. Intentó cobrar una de ellas en dos ocasiones y la Generelitat rechazó el pago.
Esta tónica de impago se ha seguido en numerosos de los encargos y los acreedores no lo han reclamado por otras vías, incluso han llegado a hacer una factura negativa. De hecho, la semana pasada, en su declaración en el juicio que se sigue por estos hechos en el Tribunal Supremo, el director de la agencia NothingAd Comunicación, Ferran Burriel, aseguró que no cobró una factura de 80.440 euros por una campaña sobre el registro de catalanes en el exterior y que realizó una factura negativa.
A estos investigados se han ido sumando otros muchos altos cargos de la Generalitat. En la Consjería de Exteriores: Amadeu Alfataj, repesentante del Diplocat en Bruselas; Aleix Villatoro, secretario general; Daniel Gimeno Alcañíz, responsable de la Diplomacia Pública; Albert Royo, secretario general del Diplocat; Marta Garsaball, directora de servicios de Exteriores y Xavier Puig Farré, director del área TIC.
También están incluidos: Francesc Sutrias, director general de Patrimonio, dependiente de vicepresidencia; Frederic Udina, director del Idescat; Montserrat Vidal Roca, jefa de procesos electorales; Josep Ginesta, secretario general de Trabajo; Mercedes Martínez Martos, responsable de Proyectos Organizativos y Territoriales de vicepresidencia; Rosa María Rodríguez Curto, directora general de Servicio y responsable de desarrollos informáticos; Joaquín Nin, exsecretario general de Presidencia; Antoni Molons, exsecretrio de Difusión; Jordi Cabafriga, jefe de Gabinete de Presidencia y Jaume Clotet, director General de Comunicación de la Generalitat.
