Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves una operación que busca en varias sedes de la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona pruebas de una trama de corrupción que desvió subvenciones destinadas a proyectos en países en desarrollo, según han informado a Europa Press fuentes policiales. Hasta el momento, hay 29 detenidos.
La operación, bautizada como 'Estela', está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. El operativo permanece abierto y ha contado con refuerzos de agentes desplazados desde Madrid, que se han desplegado en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona. Los agentes procederán a diferentes registros, entre ellos en sedes de la Generalitat y en la Diputación de Barcelona, así como en distintas empresas catalanas y entidades sin ánimo de lucro.
Según las citadas fuentes, la operación es el resultado de dos años de investigación de agentes de la UDEF. Se prevé que se practiquen detenciones por la comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha señalado que tendrá que ser la Policía Nacional, tras la investigación, la que determine si se han desviado fondos destinados en origen para la cooperación internacional para financiar el 'procés' independentista.
HAY 29 DETENIDOS EN LA MACROOPERACIÓN
De hecho, agentes de la UDEF han detenido hasta el momento a 29 personas acusadas de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
Entre los detenidos está el expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve, ha informado a Europa Press fuentes del ente provincial.
REGISTROS EN LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Los agentes han acudido a la sede de la Diputación de Barcelona en la calle Londres, donde está la Dirección de Relaciones Internacionales, y tiene desplegadas a varias furgonetas de la Policía Nacional y cinco agentes en la puerta. La Policía ha cortado la circulación de la calle sobre las 9.00 horas y dentro del edificio están los investigadores, algunos de paisano o con chaleco policial, realizando un registro cuya extensión todavía no se ha concretado.
En el edificio de la calle Londres está la Oficina de Europa y estrategia internacional, el Servicio de contratación, la Oficina de patrimonio y gestión inmobiliaria, la Dirección de servicios jurídicos y la Oficina de cooperación al desarrollo.
En la sede de la Diputación de Barcelona en Rambla de Catalunya tan solo ha acudido un policía de paisano y la presidenta de la Diputación, Mercè Conesa, está en dichas instalaciones donde tiene su despacho, ha informado el ente supramunicipal.
LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA YA ESTUVO BAJO EL FOCO POLICIAL
La Diputación de Barcelona está presidida por Mercè Conesa y ya fue puesta bajo el foco policial por un supuesto fraude de subvenciones. La CUP denunció hace dos años que desde este organismo se habían concedido ayudas para la cooperación al desarrollo a través de contratos opacos.
La operación investiga presuntas subvenciones irregulares por valor de un mínimo de dos millones desde la Diputación de Barcelona.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado, el entramado se investiga desde hace más de un año, y las subvenciones se habrían concedido desde la Diputación a diferentes entidades.
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, BAJO SOSPECHA
La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior y otros aspectos del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.
Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.
