El Gobierno apuesta por un cambio de modelo en el sistema público de pensiones y en el ahorro de los ciudadanos. Su voluntad es extender la cobertura de los planes de pensiones de empleo a más de la mitad de población ocupada, pero ¿es esto factible en un país como España en el que abundan las pymes y los autónomos?
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Desde el Ministerio de Seguridad Social reconocen que hacer llegar este producto a estos colectivos supondría multiplicar la cobertura actual de penetración de los planes colectivos por tres o cuatro veces. De hecho, el propio ministro José Luis Escrivá reconocía hace unos días que los planes de empleo en el ámbito de las pymes tienen un "escaso desarrollo", ya que al tener comisiones menores y un coste de asesoramiento más elevado los hace poco atractivos para las entidades bancarias y aseguradoras que los comercializan y que "tienden a focalizarse en otros productos para alcanzar sus objetivos de venta", ha lamentado.
La solución que aportan es la de legislar de forma inmediata para crear un fondo público de gestión privada y facilitar el ahorro colectivo entre las pymes, autónomos y trabajadores públicos para que tengan "una oferta competitiva de gestión privada, que sea amplia, accesible y barata". Sin embargo, desde varios ámbitos dudan de la efectividad de una medida como esta. En Santalucía Asset Management señalan que "en España hay mucha pyme" y "no ven el sentido" a que el Gobierno quiera reforzar el segundo pilar a costa del tercero. Eso sí, admiten que, aunque en el futuro "habrá pensiones" puesto que "el sistema público no está en peligro", "tendremos que repensar el sistema".
El sector asegurador, por su parte, calcula que el fondo de pensiones público que creará el Gobierno tardará al menos cinco años en dinamizarse y los ahorros privados de casi el 60% de los trabajadores se van a ver penalizados durante este periodo, opina Unespa. Se trata de una propuesta de "maduración lenta", afirma Inverco, aunque califica la medida como "muy positiva". Las asociaciones consideran que "la encomiable intención" del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial "no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión".
PENSIONES DE EMPLEO
Según un estudio llevado a cabo por KPMG sobre el grado de desarrollo de la previsión social complementaria en España, el 87% de las empresas estaría dispuesta a realizar aportaciones para la jubilación de sus empleados. No obstante, aunque al inicio del año parecía que había interés por incentivar los planes colectivos de empresas, la situación derivada del Covid-19 ha provocado no solo que no se incentiven dichos planes, "sino que en algunas empresas hayan tenido que tomar medidas para reducirlos o paralizarlos temporalmente".
Pero, ¿cómo se desarrollan estos planes en otro países? Reino Unido es quizá uno de los mejores ejemplos de implantación. Allí, desde hace ocho años, los empresarios tienen la obligación de inscribir automáticamente a los empleados que cumplan con unas condiciones mínimas determinadas en algún tipo de plan o instrumento de pensiones. También tiene que realizar unas aportaciones mínimas a su favor, siempre y cuando el empleado aporte el porcentaje que le corresponda. Mientras, el empleado, una vez adscrito automáticamente por defecto, puede decidir salirse o continuar en él. Hasta el año pasado, el 91% de los inscritos se ha mantenido en el sistema.
Las empresas disponen de tres alternativas: utilizar un plan de pensiones del sistema de empleo, promovido por un empleador único o grupo de empresas; usar un producto de pensiones ocupacional multi-empleador, ofrecido por un proveedor de pensiones; o contratar un producto de pensiones personal para colectivos, ofrecido normalmente por compañías de seguros. Además, los autónomos también pueden inscribirse, y los trabajadores inscritos que dejen de trabajar por un periodo de tiempo o que se conviertan en trabajadores por cuenta propia, pueden continuar realizando contribuciones.
Una pyme también puede promover los planes de empleo. Desde BBVA explican que para favorecer su promoción existen los planes de promoción de conjunta, constituidos por varias empresas con el fin de agrupar el patrimonio, abaratar costes y agilizar los trámites. En este modalidad existe una sola comisión de control como representante conjunto de las empresas que promueven el plan de pensiones. Según la entidad, entre las ventajas para la empresa está que las aportaciones a favor del empleado son gastos que el empresario reduce de la base imponible del Impuesto de Sociedades, y las aportaciones no sufren cotización a la Seguridad Social ni retención en el IRPF. Para el trabajador, las aportaciones son retribución en especie sin retención en origen y supone un mayor importe neto a percibir que el incremento vía salario.
