El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por "delitos de cohecho en grado de continuidad y una pluralidad de delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos" al banco BBVA y a su expresidente Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de presuntos "encargos ilegales" entre 2004 y 2016.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado pone fin a la instrucción de la pieza separada 9 del denominado caso Tándem y propone juzgar, además de a BBVA y a González, a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales. Por el contrario, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de once investigados.
El magistrado hace suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que relata que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González, dice el escrito, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.
El relato prosigue explicando cómo el primero de ellos, haciendo un "uso fraudulento" de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, "aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso".
"Conociendo Julio Corrochano esta 'doble' actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su Presidente, Francisco González, la existencia de tal 'anómalo e ilegal' recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo, lo que el mismo, dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo", señala el auto.
