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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) ha instado al Gobierno a elaborar "con urgencia" una ley general de movilidad para que España cuente con una regulación común en todo el territorio, centrándose sobre todo en la búsqueda de una movilidad más eficiente y sostenible, así como en otros aspectos como la seguridad o la fiscalidad.

En esta materia, la organización propone un nuevo impuesto de matriculación común en todo el país que se base en la misma clasificación de las etiquetas medioambientales y no solo en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de cada vehículo.

Asimismo, pide alcanzar la equiparación del IVA al resto del sector turístico para los servicios de alquiler de vehículos, el establecimiento de un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por tramos acorde con el impuesto de matriculación y ventajas fiscales para particulares y empresas en la compra o uso de vehículos de bajas emisiones.

El presidente de Feneval, Juan Luis Barahona, ha solicitado también al actual Ejecutivo que cuente con el sector del 'rent a car' para el desarrollo de una nueva ley que regule "de forma justa" los cambios que está viviendo el sector de la movilidad, a través de normativas "coherentes a nivel nacional".

ELIMINAR DIFERENCIAS POR AUTONOMÍAS

Barahona urge a la eliminación de las diferenciadores por autonomías o municipios, ya que actualmente no existe una regulación común entre los distintos ayuntamientos de España, lo que considera que "limita" las posibilidades de movilidad de los ciudadanos dentro del territorio nacional.

Además del ámbito fiscal, el sector incluye otros seis apartados, como la ecología y medio ambiente, donde insta a desarrollar áreas de carga eléctricas públicas, aunque sin descartar ningún tipo de fuente de energía, al considerar que, dados los avances tecnológicos, se ha logrado por ejemplo cumplir con la "estricta" normativa 'Euro 6'.

En los ámbitos tecnológicos y de seguridad y protección al usuario, propone la identificación telemática de vehículos en todo el territorio nacional, eliminando la obligatoriedad de exhibir físicamente las etiquetas medioambientales, el desarrollo de una legislación que permita espacios de pruebas de vehículos autónomos en zonas concretas y la armonización de las normativas para todos los agentes que se dedican al alquiler de vehículos, como la cobertura de seguros, recogida de información, contratos, derechos y obligaciones para el usuario.

Además, sugiere ofrecer bonificaciones o gratuidad para el aparcamiento de los vehículos de bajas emisiones, armonizar el funcionamiento en áreas de tráfico restringido en las diferentes ciudades para que los vehículos puedan circular igualmente por todas las zonas, priorizar vehículos no contaminantes, de alquiler y transporte público y una normativa específica para los vehículos sin carné, como bicicletas o patinetes.

No obstante, recuerda que todos estos aspectos deben ser compatibles en estructura, posicionamientos y plazos con la normativa europea, ya que sin ello "sería inviable" para la industria y servicios de la automoción ejercer su actividad con normalidad, perjudicando a la economía y a los particulares con respecto a otros países europeos.

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