BERLÍN, 5 (EUROPA PRESS)
Daimler ha descartado cualquier sanción económica por parte de la Comisión Europea tras ser acusado, junto al grupo Volkswagen y BMW, de llegar a pactos para restringir la competencia en el desarrollo de tecnologías de reducción de emisiones de vehículos de pasajeros tanto de gasolina como de diésel entre 2006 y 2014.
El consorcio automovilístico alemán ha asegurado que ha cooperado desde una etapa temprana y de manera integral con el organismo comunitario como testigo principal. "Por esta razón no se espera una multa", ha subrayado la compañía.
Por su parte, el grupo Volkswagen ha señalado que estudiará la acusación, destacando que la Comisión Europea reconoce que la cooperación entre fabricantes en cuestiones técnicas es "generalizada" en la industria de automoción en todo el mundo.
En la misma línea que el consorcio automovilístico con sede en Wolfsburg (Alemania), BMW ha indicado que examinará "en profundidad" el pliego de cargos enviado por Bruselas a los tres grupos y ha resaltado que los sistemas de tratamiento de gases de escape de la marca "difieren" de los del resto de firmas.
"No hay evidencia de acuerdos sobre el uso de dispositivo de derrota (de emisiones) ilegales", ha defendido BMW.
La Comisión Europea ha acusado este viernes a las tres firmas automovilísticas alemanas de llegar a pactos para restringir la competencia en el desarrollo de tecnologías de reducción de emisiones de vehículos de pasajeros tanto de gasolina como de diésel entre 2006 y 2014.
El Ejecutivo comunitario ya anunció en septiembre del año pasado la apertura de la investigación y este viernes ha enviado un pliego de cargos a los tres grupos. Según sus conclusiones preliminares, BMW, Daimler y Volkswagen participaron en un "esquema colusivo", contrario a las reglas de Competencia de la UE, para limitar el desarrollo de tecnologías limpias para nuevos vehículos de pasajeros vendidos en el Espacio Económico Europeo (EEE).
Estos pactos tuvieron lugar en una serie de reuniones técnicas llamadas "círculo de los cinco" y Bruselas considera que su comportamiento tenía el objetivo de limitar la innovación de dos sistemas de reducción de emisiones y denegó a los consumidores la oportunidad de comprar coches menos contaminantes a pesar de que la tecnología estaba disponible.
El envío del pliego de cargos permite a las empresas afectadas ejercer su derecho a la defensa, pero la Comisión Europea podría imponer una multa de hasta el 10% de sus ingresos globales si al final del proceso confirma sus sospechas iniciales.
En concreto, el Ejecutivo comunitario acusa a este grupo de empresas de coordinarse para empeorar la efectividad de los sistemas de reducción catalítica selectiva (sistema SCR) para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). También cree que pactaron para evitar o retrasar la introducción de filtros de partículas en motores de gasolina (sistema OPF).