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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, comienza este miércoles la ronda de declaraciones de investigados por las irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular por un euro al Banco Santander con la comparecencia del expresidente de la entidad, Emilio Saracho.
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Las citaciones se producen después de que se practicaran una serie de diligencias como el informe del Banco de España y de la Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV) sobre la situación del Banco Popular.
Saracho, que sustituyó a Ángel Ron en la presidencia del Popular en febrero de 2017, será el primero de los querellados que acuda a la Audiencia Nacional para declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 por supuesta manipulación de acciones.
A éste le seguirá el exvicepresidente Roberto Higuera, quien está llamado día 8 de octubre, y el exconsejero delegado Francisco Gómez Martín, que deberá acudir a la sede judicial el 15 del mismo mes.
Las citaciones para el mes de octubre concluirán el 30 de octubre, turno para Ángel Ron, presidente del Banco entre los años 2006 y 2017, quien defendió todo el tiempo la situación "inmejorable" del banco y difundió una imagen de solvencia económica y patrimonial.
En 2016 el Popular llevó a cabo una ampliación de capital por 2.505 millones de euros cuyo folleto informativo, remitido a la CNMV, podría contener inexactitudes sobre la situación real de la entidad, algo que pudo llevar a engaño a los inversores. Es por eso que el consejo de administración de la entidad figura como investigado.
Asimismo, el magistrado ha previsto un intenso calendario entre los días 12 y 27 de noviembre, y después en diciembre, con una decena de exconsejeros que estuvieron al frente de los consejos de administración de también en esta causa.
Es la primera ronda de interrogatorios de investigados que se produce desde que la Audiencia Nacional comenzase a acumular querellas y denuncias por la resolución del banco en 2017.
Además, se ha acordado una vez que la Sala de lo Penal decidió a finales del pasado mes de abril que el Banco Santander, que compró al Popular por el precio simbólico de un euro, no puede estar imputado, de cara a la posible responsabilidad penal en la que hubiera podido incurrir tras asumir la deuda de la entidad extinta.
