Con la vorágine política y económica actual, incluyendo el propio juicio de Bankia, apenas se ha prestado atención a una noticia escandalosa: la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente la causa por las preferentes de Caja Madrid y Bancaja. Colocar el producto más tóxico de cuantos ha vendido la banca en España, engañar a casi 200.000 clientes sin preparación para que invirtieran los ahorros de su vida y, además, hacerlo a precio de ganga (para las entidades) no tendrá castigo penal, más allá de devolver el dinero a la mayoría de los afectados.
Noticia relacionada
La justificación de la Sala de lo Penal de la Audiencia para archivar la causa -que llevaba en un cajón desde 2013- es que no hay indicios de que, cuando las preferentes se emitieron en 2009, la entidad "contara con deterioros contables que sus directivos ocultaran a sabiendas y con conocimiento de que con ello iban a despojar de su inversión a las personas que las suscribían por la situación de insolvencia en que ya se encontraba la entidad, que se iba a agravar aún más".
En primer lugar, esto es verdad a medias. Los gestores de Caja Madrid y Bancaja claro que conocían los graves problemas de solvencia de sus entidades, similares a los de la mayoría de las cajas y de los propios bancos tras el estallido de la burbuja inmibiliaria. Y los conocía perfectamente también el Banco de España. El problema fue que, como las cajas no podían emitir acciones (los bancos sí), tuvieron que buscar una fórmula de recapitalizarse. Y la encontraron en las preferentes.
Es más, el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, forzó estas entidades a emitirlas para tratar de apagar el incendio. Y como los inversores institucionales no les las compraban -salvo que pagaran intereses del orden del 12%-, les obligó a colocarlas en la red entre los clientes particulares (a los que les daban una rentabilidad del 7% y les parecía la luna). Eso fue lo que provocó la catástrofe. Y, de nuevo, el Banco de España y MAFO se van de rositas, como en la salida a bolsa de Bankia. También se salva la CNMV de Julio Segura, que toleró esta infamia y se limitó a poner una advertencia en el folleto de estas emisiones que, como es sabido, no se lee nadie. No aprendemos.
En una cosa sí tienen la razón los jueces: los responsables de Caja Madrid (el fallecido Miguel Blesa) y Bancaja (José Luis Olivas) no podían saber la magnitud del desastre que se avecinaba, con la fusión que formó Bankia, la fallida salida a bolsa y, finalmente, la quiebra y el rescate. Es decir, no existió un plan preconcebido desde 2009 para arruinar a sus clientes y salvar la entidad -que habría fracasado estrepitosamente, por cierto-. Es lo malo de estas teorías de la conspiración a las que son tan aficionados algunos abogados y periodistas, y de la que deberían tomar nota de cara al caso del Banco Popular.
EL ESCÁNDALO FUE LA COLOCACIÓN A LOS MINORISTAS
Noticia relacionada
Pero lo más grave de este asunto no es por qué se emitieron las preferentes y si eso constituye o no un delito contable (la línea entre lo admisible y el delito es muy fina porque, como dijo Francisco González, "la contabilidad es un chicle"). La madre del cordero es la comercialización del producto en la red.
Los directores de oficina engañaron a los pequeños ahorradores sin formación para invertir en un producto que se vendió como alternativa a los depósitos pero mucho más rentable y con el mismo riesgo. Porque, para perder su dinero, "la caja tendría que quebrar, y eso es imposible, doña Fulanita".
Y encima, jugando con el término "preferente", que daba a entender que era un producto para los mejores clientes (los clientes preferentes), cuando solo significa que son los penúltimos en cobrar en caso de quiebra, porque van por delante (tienen preferencia) de los accionistas. Que ni siquiera era el caso en las cajas porque no tenían acciones -de ahí que se llamaran "participaciones preferentes" y no "acciones preferentes" como en el resto del mundo-.
Tan escandalosa fue esta comercialización que provocó la introducción del nuevo delito de estafa a inversores en el código penal. Pero ahora resulta que no es delito, según la Audiencia Nacional. Total, como la mayoría de los perjudicados recuperaron su dinero en los arbitrajes gratuitos -salvo los que cayeron en las garras de los abogados del 'modelo Arriaga', que fueron a juicio y se dejaron un pellizco-, qué más da. Luego nos extrañamos de que haya gente que cuestiona la justicia española. Por qué será.