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Línea Directa ha lanzado, como parte de su seguro de Hogar, una cobertura específica frente a la ocupación ilegal de la vivienda que ofrece asistencia legal para el proceso de recuperación del inmueble y una "amplia" compensación al asegurado por los costes económicos que debe afrontar por la pérdida temporal de la vivienda por un precio fijo de 10 euros al año, adicional al precio del seguro de Hogar.
En concreto, el seguro de Hogar de Línea Directa quiere aportar tranquilidad a los propietarios frente a este riesgo con unas coberturas frente a la ocupación que en su conjunto suman 33.900 euros o más si la rehabilitación de la casa se hace a través de la red de reparadores de Línea Directa.
La nueva cobertura de la póliza de Hogar de Línea Directa ofrece, desde el punto de vista de la asistencia jurídica, asesoramiento legal telefónico ilimitado y la reclamación de la vivienda por vía amistosa y/o judicial. Para ello, una vez notificada la ocupación y antes del inicio de las gestiones judiciales, Línea Directa realizará a través del servicio de asistencia legal hasta tres intentos de gestión extrajudicial para lograr el abandono de la vivienda ocupada ilegalmente. Si esta vía amistosa falla, se iniciará el procedimiento por la vía judicial.
En este sentido, la reclamación realizada por Línea Directa cubre hasta 10.000 euros en gastos legales y jurídicos, incluidos los del letrado, los notariales, los derechos y aranceles del procurador, honorarios y gastos de perito, costas y tasas judiciales. La cobertura contempla además la libre elección de abogado, en este caso hasta 5.000 euros.
COMPENSACIÓN POR REHABILITACIÓN Y OTROS PERJUICIOS
La compañía se hace cargo también de la habilitación de la vivienda, pudiendo elegir el asegurado entre la prestación del servicio sin límite económico por profesionales de Línea Directa o un reembolso de hasta 5.000 euros. Esta prestación incluye el cambio de cerradura, pintado de la vivienda, limpieza y/o vaciado de muebles y reparación de pequeños desperfectos, así como la mano de obra por servicios de fontanero, albañil, cristalero, electricista, parquetista y del servicio técnico de electrodomésticos.
Asimismo, el propietario recibirá hasta 300 euros al mes durante seis meses para hacer frente al pago de las facturas de agua, luz y gas por los consumos hechos en su vivienda habitual durante el tiempo de ocupación.
En caso de que la vivienda ocupada constituya la vivienda habitual del asegurado y necesite una alternativa de alojamiento, se le abonará también hasta 800 euros al mes durante seis meses para arrendar otra casa. El propietario recibirá la misma cuantía y durante el mismo periodo de seis meses en caso de que la vivienda estuviese dedicada al alquiler, no pudiese alquilarla y dejara de ingresar las rentas mensuales de ese arrendamiento.
Las indemnizaciones que el asegurado deba afrontar por los daños causados a terceros como consecuencia de la ocupación, como por ejemplo daños de agua a otros vecinos del mismo edificio, serán cubiertas con hasta 7.500 euros en concepto de responsabilidad civil.
VIVENDA HABITUAL, SEGUNDAS VIVIENDAS E INMUEBLES VACÍOS
El seguro de Hogar de Línea Directa con cobertura en caso de ocupación ilegal protege al propietario en los casos, por un lado, de allanamiento de morada; esto es, cuando su hogar, independientemente de que sea primera o segunda vivienda, sea ocupado. Por otro, abarca también la usurpación de un inmueble deshabitado o vacío, por ejemplo, una vivienda en construcción o en proceso de venta.
En palabras de Diego Ferreiro, director comercial de Línea Directa Aseguradora, “en Línea Directa nos preocupa lo mismo que a nuestros clientes, y con esta nueva cobertura estamos ofreciendo una solución aseguradora única en el mercado español que protege de forma completa de las principales consecuencias que la ocupación tiene para los propietarios. Con ello, seguimos demostrando la capacidad de innovación y agilidad de Línea Directa para adaptarnos a nuevas necesidades y responder a los problemas reales nuestros asegurados”.
En el último lustro se han registrado en España un promedio de 15.000 denuncias al año por ocupación ilegal de viviendas, más de 40 al día, y cada ejercicio se han celebrado de media unos 3.000 juicios por la vía civil por este motivo, según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial. Es un fenómeno que genera importantes perjuicios para los propietarios por el complejo procedimiento jurídico para recuperar su casa y la factura económica derivada de esa ocupación.
