ep el presidente de mapfre antonio huertas en la presentacion de resultados anuales del grupo
El presidente de Mapfre, Antonio HuertasMAPFRE
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La junta general de accionistas de Mapfre deberá dar este viernes su visto bueno a los acuerdos propuestos por el consejo de administración de la aseguradora, como son el dividendo correspondiente de 2021 o la reelección de Antonio Huertas como consejero ejecutivo de la compañía, entre otros puntos.

El encuentro se celebra en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, en Madrid, y tendrá certificación sostenible, de manera que, al igual que en las dos juntas generales anteriores, se aplicarán criterios laborales inclusivos y de respeto a la diversidad y medidas para la protección del medio ambiente.

El consejo de administración ha recomendado a los accionistas que participen mediante asistencia telemática en tiempo real, en atención a las circunstancias extraordinarias marcadas por la pandemia del coronavirus.

La junta de accionistas deberá aprobar la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2021. En concreto, Mapfre propondrá el pago de un dividendo complementario de 8,5 céntimos de euro brutos por acción, que se pagará en la segunda quincena de mayo, lo que eleva el dividendo total con cargo a 2021 a 14,5 céntimos de euro brutos por acción, lo que supone un 'payout' del 58,4%.

Asimismo, los accionistas votarán sobre la reelección, por un nuevo periodo de cuatro años, del presidente de Mapfre, Antonio Huertas Mejías, como consejero ejecutivo, y de Catalina Miñarro Brugarolas y María del Pilar Perales Viscasillas como consejeras independientes.

Otros puntos del orden del día son la aprobación de las cuentas anuales, del informe integrado, del estado de información no financiera, de la gestión del consejo de administración y del informe de remuneración de los consejeros de 2021, así como la aprobación de la política de remuneración de los consejeros para el periodo 2022-2024.

El consejo también propondrá la modificación de algunos puntos de los estatutos sociales, para obtener la competencia de poder trasladar el domicilio social dentro del territorio nacional (antes solo dentro de la localidad) y de poder celebrar la junta general de forma exclusivamente telemática si existen motivos que lo aconsejen, así como para añadir competencias al comité de riesgos y sostenibilidad.

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