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En concreto, sobre la nueva legislación para la distribución, Iberdrola considera que “la estandarización de los costes operativos favorecerá a los más eficientes (…) pero la remuneración de la inversión sin referencia al coste real del capital desincentiva la inversión. No es sostenible que un negocio cuya naturaleza exija una inversión continua, ésta se retribuya a un valor inferior al coste del capital”. Así, concluye: “Existe todavía una oportunidad para una una buena regulación en este campo que incentive la inversión, sobre todo, en nuevas tecnologías”.
En cuanto a la normativa para el régimen especial, explica Iberdrola que “la corrección del activo en base a rentabilidad obtenida en el pasado, incluso cuando algunas instalaciones estaban asumiendo riesgo de mercado, es claramente retroactiva. La remuneración a los activos depende de la previsión del precio futuro de la energía, precio que desconocemos, y de la rentabilidad que el sistema garantiza (…) Han sido especialmente castigadas las inversiones más antiguas que son las que menos ayudas han necesitado y han tenido un desarrollo más ordenado”. La compañía cifra el impacto total de las modificaciones de la Ley 15/2012, el RD-I 2/2013 y el RD-I 9/2013, en un total de 3.960 millones de euros: “Se castiga más a las tecnologías más eficientes (eólica y cogeneración) y menos emisoras (eólica)”.
Asimismo, en lo que respecta a la regulación para el mercado mayorista, la eléctrica vasca afirma: “Los pagos por capacidad ya eran absolutamente insuficientes para cubrir los costes fijos de los ciclos combinados, que quedan ahora en situación de pérdidas. Es incoherente reducir estos pagos cuando la producción de energías renovables, producción no gestionable, supera el 50% de la total. Por tanto, se necesita una importante potencia de reserva que elimine la volatilidad inherente a este tipo de producción. El marco regulatorio debería apoyar a la industria nacional, pero utilizar como ayuda un exceso de remuneración por el servicio de interrumpibilidad es discriminatoria de la industria y con los generadores, al pagar por el mismo servicio 20 veces más al MW de reserva aportado por la industrial que el aportado por la generación”.
Con todo, Iberdrola cifra el impacto total para ella de las principales modificaciones aprobadas en 1.310 millones de euros y adelanta que las medidas para reducir su efecto pasan por la reducción de los costes operativos en España, la internalización de impuestos en las ofertas al mercado, la adecuación de las políticas de explotación a las nuevas asignaciones de ingresos, la adecuación del portfolio de generación, y la defensa ante los tribunales del patrimonio de nuestros accionistas por los efectos de ciertas normativas de dudosa legalidad (remuneración distribución, actuaciones retroactivas, etc.)”.
Finalmente, añade: “Estas modificaciones no han sido capaces de eliminar de la tarifa los costes ajenos al suministro eléctrico que actualmente soporta (el 40% de la factura pagada por el consumidor). Costes derivados del extracoste de políticas medioambientales, sociales, déficit tarifario, etc. que deberían ser, por su naturaleza, externalizados de la factura eléctrica pagada por el consumidor. Es un problema que no sólo afecta a España, sino también a una gran parte de Europa, sobre todo a los países que más han incentivado el desarrollo de las energías renovables. La solución no depende solo del gobierno español, es la Comisión Europea (CE) quién debe definir las guías que homogenicen el tratamiento de estos costes”.
A estas horas, Iberdrola sube un 0,80%, hasta los 4,6450 euros.
S.C.