MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha sacado a licitación el servicio de saneamiento jurídico por un importe de 1,5 millones de euros, que se eleva a 3,9 millones si se incluyen las posibles prórrogas del contrato.
Según se explican en los pliegos que acompañan al anuncio de licitación, la firma que obtenga el contrato deberá gestionar todas las funciones correspondientes al área de saneamiento jurídico bajo la tutela y control de los 'servicers', entre los que están Anticipa Aliseda e Hipoges, y las directrices tanto de Sareb como de los 'servicers'.
Así, el principal objetivo que tiene la implantación de este "nuevo modelo de gestión" es conseguir el control y seguimiento del saneamiento jurídico a fin de reducir los tiempos y mejorar las condiciones del proceso de inscripción y levantamiento de cargas para la puesta de los activos en comercialización "en las mejores condiciones legales y en el menor de los plazos posible".
De forma concreta, Sareb explica que el contrato persigue agilizar y mejorar los tiempos de inscripción de los inmuebles que estén a nombre de Sareb; que se establezcan controles previos que permitan reducir el volumen de calificaciones negativas en las inscripciones; y que se gestionen de manera correcta y ágil los defectos que impidan la inscripción.
Además, Sareb quiere que la firma que se encargue de este servicio realice un análisis exhaustivo de las cargas que gravan los activos con carácter previo a su adquisición, facilitando así su cancelación en el "menor tiempo y coste posible", una vez se haya adquirido el inmueble; que cree mecanismos de coordinación para disponer de información de gestión actualizada; y que implemente sistemas de mejora y fijación de procedimientos para la realización del saneamiento registral de los activos.
La entidad señala en los pliegos que este servicio tiene una serie de particulares que pasan por un elevado número de activos, la complejidad de las cargas que tienen los activos, la dispersión geográfica de los mismos, la disparidad de criterios registrales o judiciales, la necesidad de rápidos tiempos de respuesta y resolución frente a incidencias, entre otros.
El contrato tendrá una duración de 12 meses, prorrogables dos veces más por otros 12 meses cada una, de tal forma que puede alcanzar los tres años de duración. El presupuesto máximo de licitación son de 1,53 millones de euros (con IVA), que incluyendo las prórrogas ascendería a 3,9 millones de euros. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 8 de julio.