Afirma que las entidades "prestaron por encima de sus capacidades" y los reguladores "obraron por debajo de sus responsabilidades"
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Congreso aprobará este jueves un informe sobre su investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros en el que censura a los organismos de supervisión, entre ellos al Banco de España, porque "no hicieron frente a sus obligaciones" para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala al sector financiero, a los supervisores y a los reguladores, y desmiente que "la influencia política" en las cajas de ahorros sea una "causa explicativa" de un mayor impacto de la crisis en estas. Al contrario, subraya que algunas cajas presentaron "indicadores significativamente mejores que el promedio de los bancos" y recuerda que estos tenían la capacidad de compensar en el exterior las pérdidas registradas en España.
El informe, sobre el que se viene trabajando desde la última semana, es fruto del trabajo de los letrados de la Cámara y de la presidenta de la comisión de investigación, la canaria Ana Oramas, que han buscado sintetizar en un relato la investigación llevada a cabo durante más de año y medio, con citas de comparecientes y datos, a partir de los documentos presentados por cada uno de los grupos.
Según fuentes parlamentarias, el informe será aprobado por unanimidad en la comisión de investigación, aunque a partir de ahí tendrán que votarse las conclusiones y propuestas de cada grupo, donde las discrepancias llevarán a la defensa de votos particulares.
"HABÍA HERRAMIENTAS" PERO FALTÓ "VOLUNTAD POLÍTICA"
Así, la comisión ha trabajado sobre un texto que considera que "había herramientas disponibles" para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas "no se usaron por falta de voluntad política". Incluso apunta a que la no aplicación de estas medidas pudo responder a que "no contaban a priori con el beneplácito del regulador europeo". "La no aplicación de medidas tenía más que ver con la voluntad política que con la imposibilidad técnica", afirma la comisión.
En su relato, los grupos rechazan también los argumentos del Banco de España en su propio informe a la hora de excusar que no se hubieran utilizado "herramientas macroprudenciales" porque "no se contemplaban" para una actuación "más enérgica". "Esta serie de justificaciones no se sostienen", replica el informe, porque había "un margen de maniobra suficiente" para actuar y, pese a que se preveía una "corrección gradual", la evolución de los mercados" no era muy halagüeña".
Además, recuerda que la propia Asociación de Inspectores alertó en 2005 al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, de una "actitud pasiva" del Banco de España ante "evidentes síntomas de deterioro", su "falta de determinación en la exigencia de rigor a las entidades" y "en la persecución y lucha contra las conductas irregulares detectadas". "Lo que se denunciaba, en fin, era que la situación del sector financiero era altamente crítica mientras que los órganos de gobierno del Banco de España estaban faltando a su obligación de reconducir la situación", resume.
"PROPICIÓ" LAS PREFERENTES PESE A QUE SABÍA DE SU "QUEBRANTO"
El Congreso critica que el Banco de España se centrara en "realizar 'advertencias' soslayando la utilización de otras herramientas y procedimientos de los que se disponía", un modo de actuación "totalmente insuficiente".
También carga contra el supervisor en el caso de las preferentes, acusándole de "propiciar" la venta de estos instrumentos a inversores no profesionales "cuando tenía información contrastada por parte de sus equipos de inspección sobre la situación de problemas de solvencia por parte de muchas entidades, y cuando ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales". "Es decir, se impulsó la colocación a pequeños ahorradores de productos financieros complejos de los que se sabía que muy posiblemente supondrían quebrantos económicos para sus tenedores", concluyen.
Además de supervisores y sector financiero, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente del PP le achacan la Ley del Suelo, que "favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible, y al socialista la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.
"MARCO PROPICIO" PARA UNA BURBUJA INMOBILIARIA
"El sistema normativo vigente en ese momento creó el marco propicio para el hipercrecimiento e hiperfinanciamiento del negocio inmobiliario y constructivo --reza el documento--. La crisis no surgió porque los ciudadanos vivieran 'por encima de sus posibilidades', sino que fueron las entidades financieras las que prestaron muy por encima de sus capacidades, y fueron los entes reguladores y supervisores los que obraron muy por debajo de sus responsabilidades".
Entre 2000 y 2008, expone la comisión, el crédito al sector de la construcción y promoción aumentó en un 661% y el crédito hipotecario en un 335%. El 63% de todo el crédito al sector privado estaba concentrado en esos años en actividades inmobiliarias.
El informe también subraya que las "malas prácticas se dan generalizadas en todo el sector, incluyendo bancos y cajas" y que la crisis "afectó por igual a cajas y bancos", si bien, apostilla el texto, "la resolución de los problemas asociados no fue la misma en uno y otro caso".
"MALAS PRÁCTICAS" EN BANCOS Y CAJAS
Así, señala las limitaciones de captación de capital, la concentración del negocio de las cajas en la financiación de familias y pymes --"supondría, a la larga, una mayor vulnerabilidad", concede-- y destaca que los nuevos requerimientos que se fue aplicando "en muchos casos conduciría a la inviabilidad" de las cajas.
"Del fracaso de las cajas no cabe concluir el éxito de los bancos. A estos últimos les salvó su diversificación internacional, mientras que en España también experimentaron dificultades y ayudas puntuales", abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.
Respecto a los diferentes modelos de gestión, gobernanza y una posible politización de las entidades, el informe señala que "las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación", y también la existencia de "incentivos perversos que promueven la toma de decisiones erróneas"
ERRORES "PARTICULARES", NO POR LA POLITIZACIÓN
Así, asegura que "lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorros, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares", y niega que la diferente titularidad de cajas respecto a los bancos haya sido "un factor determinante en su diferente exposición a la crisis".
Por otro lado, defiende que "la profesionalidad de los altos directivos de las cajas de ahorros era similar a la que tenían los cuadros de dirección de los bancos". "La asunción de malas prácticas y la toma de decisiones erróneas no dependía, así, del nivel de capacitación, sino de otras motivaciones e inercias", subraya.
En este sentido, atribuye las malas prácticas en el sector a la búsqueda de mejoras en la cuenta de resultados "de manera creciente y continuada" y al "establecimiento de sistemas de remuneración e incentivos ligados a la consecución de objetivos". Una apuesta que, a su juicio, "promueve una visión cortoplacista de la gestión y un abandono de la toma en consideración de otros criterios relacionados con la asunción de riesgos, la ética o la propia sostenibilidad del sistema".