- ... y hasta el 1,12% en Banco Sabadell
Las posiciones cortas en Bankia y Sabadell han escalado a sus máximos anuales, al situarse en el 4,14% en el caso del primero y en el 1,12% en el del banco de origen catalán, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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De este modo, los bajistas han elevado su presión sobre Bankia del 3,93% declarado el 11 de mayo al 4,14%, por encima el 4,07% del 30 de marzo que era hasta ahora su máximo anual. El anterior máximo, del 4,51% data de principios de diciembre de 2017.
Los fondos AQR Capital Management y Viking Global Investors son los fondos que ostentan mayores posiciones bajistas en el capital de Bankia, con un 1,390% y un 0,91%, respectivamente.
Este aumento de las presiones bajistas se produce tras concluir la integración de BMN y ante las dudas que suscita el calendario de la privatización de Bankia en el escenario actual de incertidumbre política. El horizonte temporal fijado actualmente establece la posible privatización del banco nacionalizado antes del 31 de diciembre de 2019, pero no se descarta que el Gobierno negocie con Bruselas un margen temporal mayor para buscar la mejor ventana de oportunidad.
En el caso del Sabadell, el porcentaje de posiciones cortas respecto a su capital es sensiblemente inferior al de Bankia, del 1,12%, si bien se trata también de su máximo anual.
En concreto, los bajistas han pasado de representar el 0,29% del accionariado del banco el 11 de mayo a superar el 1%. A finales de octubre del pasado año, tras el incremento de la incertidumbre por el referéndum ilegal y el desafío secesionista, los cortos llegaron a acercarse al 2,5% del accionariado del Sabadell, porcentaje que disminuyó al 1,59% el 10 de noviembre. Desde entonces han ido descendiendo.
La entidad que preside José Oliu aprobó el 6 de octubre el traslado de su sede social a Alicante, en concreto, a la antigua sede de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), que fue adquirida por Banco Sabadell en 2012.
El movimiento tuvo como finalidad proteger a la clientela y garantizar la seguridad jurídica que proporciona el marco regulatorio del Banco Central Europeo (BCE).
