MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) se ha mostrado este miércoles favorable a un trasvase ordenado de sus competencias en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo una vez que la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AMLA), con sede en Frankfurt (Alemania), entre en funcionamiento.
"La EBA se enorgullece de allanar el camino para el establecimiento de la nueva autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y se compromete a facilitar una transición fluida y a hacer de la UE un lugar hostil para la delincuencia financiera", ha asegurado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.
La EBA, que lleva desde 2020 liderando, coordinando y supervisando la lucha del sector financiero europeo contra estas actividades ilícitas, seguirá desempeñando esta labor hasta diciembre de 2025 con el objetivo de "proporcionar continuidad", si bien ha matizado que trabajará "estrechamente" con la AMLA con posterioridad a dicha fecha.
En concreto, la EBA seguirá siendo responsable de abordar el riesgo derivado de estos fenómenos en el conjunto de su labor macroprudencial.
A lo largo de la fase de transición, la EBA también apoyará a las autoridades nacionales competentes en su preparación para operar junto a la AMLA y se coordinará con el grupo de trabajo de la Comisión Europea responsable del establecimiento y las operaciones iniciales de esta agencia de nueva creación.
De su lado, la Comisión Europea ha pedido a la EBA que brinde asesoramiento técnico sobre el futuro marco europeo de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para garantizar que la AMLA pueda empezar a funcionar "con eficiencia y eficacia". Esta asesoría se proporcionará en octubre de 2025
Las prioridades de la EBA durante este año y el siguiente se centrarán en crear una metodología para determinar qué entidades financieras deberán ser supervisadas; otra que cuantifique riesgos; así como proveer con la diligencia debida a los interesados toda información que precisen; y elaborar criterios que midan la gravedad de las infracciones que se detecten.