El grupo ING ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos por el que pagará 775 millones de euros para zanjar las investigaciones relacionadas con las deficiencias en la prevención de lavado de dinero y prácticas corruptas en su filial holandesa, ING Netherlands, entre 2010 y 2016, según ha informado la entidad.
El acuerdo alcanzado con las autoridades holandesas supone el pago de una multa de 675 millones de euros como reflejo de "la gravedad, alcance y duración de las deficiencias detectadas", así como de otros 100 millones de euros en concepto de restitución por el menor gasto implementado en personal y procesos por parte de ING Netherlands durante el periodo examinado.
"Estas cantidades tendrán un impacto combinado de 775 millones de euros en los resultados netos de ING Group en el tercer trimestre de 2018", informó el banco, subrayando que esta circunstancia no afecta la solidez de la entidad o la ejecución de su estrategia.
Durante las investigaciones realizadas no se encontraron evidencias o indicios de que empleados o exempleados de la entidad naranja hayan cooperado de manera activa con los clientes que usaron los servicios bancarios para potenciales actividades criminales ni tampoco hay evidencias de que empleados o exempleados del banco se hayan beneficiado.
La entidad indicó que la ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros dieron como resultado la terminación de la relación con miles de clientes de ING durante el periodo investigado, aunque las deficiencias identificadas permitieron a los clientes usar sus cuentas para, entre otras cosas, lavar dinero durante una serie de años.
En este sentido, ING señala que las deficiencias detectadas en el periodo investigado no son atribuibles a individuos en particular, sino a deficiencias colectivas en todos los niveles de gestión, por lo que la entidad naranja ha iniciado una serie de medidas contra una serie de empleados y exempleados en cargos de alta dirección con responsabilidad en la salvaguarda y ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros.
Entre estas medidas se incluye la retención de retribuciones variables y la suspensión de funciones. Asimismo, los miembros de la junta ejecutiva de ING Group han considerado apropiado renunciar a su remuneración variable correspondiente al ejercicio 2018.
"Como banco tenemos la obligación de garantizar que nuestras operaciones cumplen los estándares más altos, especialmente en lo que se refiere a que los delincuentes hagan un uso indebido del sistema financiero. No cumplir dichos estándares es inaceptable e ING asume toda la responsabilidad", declaró Ralph Hamers, consejero delegado de ING.