MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha minimizado el informe del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto español a la banca y ha adelantado que desde el Gobierno no se contemplan cambios en la proposición de ley del gravamen temporal a las energéticas y las entidades de crédito que este jueves se ha sometido a un nuevo debate en el Congreso.
En los pasillos del Congreso, Montero ha comentado que el informe del BCE "es muy claro" con respecto a que no plantea la paralización del gravamen a las entidades financieras. La entidad monetaria europea ha comentado en este documento, no obstante, que el impuesto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general si las entidades afectadas registran unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen.
Asimismo, la ministra ha recordado que antes de ponerse en marcha esta propuesta, el Ejecutivo ha evaluado el margen de los bancos para poder abordar esta "prestación patrimonial". También ha recordado que tiene un carácter temporal de dos años y que, a su vez, plantea que no se pueda repercutir en el cliente financiero los costes derivados de este incremento.
"El BCE plantea las consideraciones generales que estamos acostumbrados", ha comentado Montero en los pasillos de la Cámara Baja, apostillando además que dentro del informe no hay ningún tema que aconseje un cambio en el impuesto, sino que se trata simplemente de una figura "que hay que evaluar".
CIUDADANOS: "ERA DE CAJÓN"
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que "era de cajón" la postura del Banco Central Europeo (BCE) en torno al impuesto español a la banca, que considera que podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general si las entidades afectadas registran unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen.
En este contexto, Bal ha recordado la enmienda a la totalidad de Ciudadanos para adaptar el nuevo impuesto sobre los ingresos extraordinarios de las grandes energéticas a la propuesta acordada por los Estados de la Unión Europea, dejando fuera a las compañías eléctricas, e imitar este diseño para el impuesto a la banca.
Durante el debate de dicha enmienda, la diputada de Ciudadanos, María del Carmen Martínez Granados, se ha sumado a la línea de Bal calificando al impuesto español como "chapuza" y señalando que además entra en conflicto con principios constitucionales, como la libertad de empresa y el libre mercado.
Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha vuelto a apelar a la "solidaridad". "Aquellos que más han crecido, incluso este año, no pasa nada porque sean un poco solidarios con los que peor lo están pasando", ha señalado, remarcando que los bancos han obtenido "beneficios récord" en este 2022.
CHAPUZA TRIBUTARIA
Por el lado de Vox, Rubén Silvano Manso ha definido la propuesta como "chapuza tributaria" y ha apuntado que, además, no tiene en cuenta todo el ciclo económico. En opinión del diputado del Partido Popular, Gabriel Elorriaga, las cargas de estas nuevas figuras tributarias propuestas por el Gobierno recaerán sobre los ciudadanos, algo que el BCE ha incluido en su informe al recordar la obligación de los bancos de "repercutir todos los costes de su actividad a sus clientes".
También el PP, por boca del diputado Gabriel Elorriaga, ha restregado a los partidos del Gobierno de coalición el informe del BCE y ha exigido que, antes de presentarse las enmiendas parciales, pedirán celebrar comparecencias de expertos y de agentes implicados para que aclaren al Congreso las consecuencias de aprobar este nuevo impuesto.