El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha alertado este jueves de que la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero "podría generar también un incremento de los conflictos entre los clientes y las entidades financieras", debido a la tasa de 250 euros aportada por el sector financiero "por la mera tramitación de las reclamaciones".
Esta tasa pretende "incentivar que las entidades resuelvan las reclamaciones de sus clientes de forma amistosa, antes de que estos acudan a la autoridad", aunque puede tener otros efectos sobre la cantidad de reclamaciones que se presentan.
"Este sistema podría provocar que cualquier disputa por un importe inferior a la cantidad de la tasa sea aceptada por la entidad con independencia de que su comportamiento se haya ajustado o no a la normativa y a las buenas prácticas, puesto que continuar el procedimiento ante la Autoridad siempre sería más costoso", ha destacado durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.
Considera que para evitar estos problemas potenciales podrían explorarse otras alternativas como, por ejemplo, "requerir el cobro de la tasa en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad, y no meramente de las tramitadas".
De Cos ha recordado que el actual sistema de resolución de conflictos individuales en España ha sido cuestionado, principalmente, por la ausencia de carácter vinculante de las resoluciones emitidas por los servicios de reclamaciones.
"De hecho, en los últimos años, el porcentaje de reclamaciones favorables a los clientes y no atendidas por las entidades ha seguido siendo elevado. Por ello, he manifestado en distintas ocasiones la conveniencia de dotar de carácter vinculante a las resoluciones de los actuales servicios de reclamaciones", ha señalado.
En este sentido, ha recordado, el proyecto de ley prevé este carácter vinculante para aquellas reclamaciones en las que el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros o de cuantía indeterminada y versen sobre incumplimientos de la normativa de conducta o sobre cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal Supremo o por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si bien se reserva el derecho a las partes de acudir a la vía judicial.
"En concreto, el proyecto de ley contempla la posibilidad de recurrir las resoluciones de carácter vinculante ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En este caso, desde el Banco de España se ha venido manifestando la utilidad de buscar un sistema alternativo a la vía judicial", ha indicado.
De Cos considera que "las reclamaciones de cuantía superior a 20.000 euros, de ser recurridas, serán tratadas por la jurisdicción civil, lo que supondrá que dos jurisdicciones distintas estarán resolviendo sobre las mismas materias".
