El Congreso retoma este martes los trabajos de la ponencia de la Comisión de Economía y Empresa en torno al proyecto de ley de crédito inmobiliario, que busca incorporar en la regulación hipotecaria el reparto de gastos que asumen banco y consumidor a la hora de formalizar el contrato.
Precisamente, por esta razón la comisión optó por no cerrar la ponencia hasta conocer la decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, reunido este lunes para deliberar sobre su decisión de condenar a los bancos a hacerse cargo del Impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que hasta ahora soportaban los clientes.
La intención del PSOE, partido que lleva el peso de las negociaciones que mantienen los diferentes grupos con el Ministerio de Economía y Empresa, era cerrar este mismo martes la ponencia. Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes socialistas, ya no descartan celebrar nuevas sesiones de la ponencia a lo largo de esta semana.
Y es que de esta forma los grupos contarían con un mayor margen para analizar esta sentencia, que influirá en el reparto de gastos hipotecarios entre el consumidor y la entidad financiera que establezca la ley. Tras la sentencia, está previsto que el PSOE traslade a los grupos una propuesta para repartir estos gastos, tal y como se acordó en la última reunión de la ponencia.
UN RETRASO DE MÁS DE DOS AÑOS Y MEDIO
En todo caso, el reparto de los gastos hipotecarios no era la única de las cuestiones aún no resueltas en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, ya que aún no existe ningún acuerdo parlamentario acerca de asuntos como la cláusula de vencimiento anticipado o la transparencia material en las hipotecas.
En principio, según han informado a Europa Press fuentes de la comisión, los grupos trabajarán a partir de este martes para cerrar esta semana estas cuestiones en ponencia, y así poder someter a votación el texto resultante la próxima semana en comisión, y después en Pleno.
La prioridad del Gobierno es cerrar cuanto antes la ponencia para remitir en unas semanas el texto legal al Senado, ante el riesgo de una sanción por parte de la Comisión Europea por no trasponer en plazo una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español hace ya más de dos años y medio.
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