El Grupo Parlamentario Ciudadanos apuesta por reformar el actual sistema de resolución de entidades de crédito y considera que las instituciones comunitarias no deberían quedar eximidas de la transparencia ni de la rendición democrática de cuentas, según indica en sus principales conclusiones sobre la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.
En el documento recogido por Europa Press, el grupo naranja estima que, para evitar una situación como la de Banco Popular en junio 2017, que se resolvió "de manera incomprensible de la noche a la mañana", debería primar el principio de transparencia, al tratarse de un tema de interés público.
Además, Ciudadanos aboga por que las autoridades de resolución puedan acceder a la liquidez del Banco Central Europeo (BCE) en primer término, que el sistema sea nacional o comunitario pero "no a la carta" y que mejore la coordinación entre las actuaciones de las autoridades de supervisión y resolución.
El grupo parlamentario ha concluido que España sí participó activamente en la decisión de resolución del Banco Popular junto con la Junta Única de Resolución (JUR), un hecho que fue negado por el entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde, durante su intervención en dicha comisión, y que el banco se resolvió por una falta de liquidez temporal y no por insolvencia.
Por ello, Ciudadanos ha cuestionado la aplicación de la normativa de resolución, que establece que únicamente se aplique a entidades que son insolventes y que no se pueden salvar de otra forma, por ejemplo, mediante asistencia de liquidez.
En esta línea, ha señalado que, para proceder a la resolución de un banco bajo el Mecanismo Único de Resolución, un elemento decisivo es la ausencia de mecanismos alternativos o soluciones privadas que puedan ser aplicables. Sin embargo, al grupo parlamentario no le ha quedado claro si las entidades correspondientes evaluaron dichas alternativas, por lo que estima "fundamental" confirmar que así fue para que la decisión de resolver el banco no pueda ser cuestionada.
Asimismo, ha pedido que se evalúe qué acciones debió haber tomado el Banco de España para evitar la resolución de Banco Popular en su papel de supervisor, ya que el organismo seguía a la entidad de cerca desde tiempo antes, por lo que considera que tenía "conocimiento exhaustivo" de su situación, lo que contrasta con que no se haya hecho pública ninguna acción específica o intervención del Banco de España en Popular para evitar el desenlace.
Por otro lado, Ciudadanos ha estimado que algunos de lo factores que desencadenaron la falta de liquidez de Popular pudieron evitarse. En este sentido, culpa a entidades europeas y españolas por sus declaraciones públicas realizadas durante las semanas previas a la resolución, que generaron incertidumbre y afectaron a la salida de depósitos de la entidad. En su opinión, estas salidas podrían haberse frenado mediante declaraciones públicas "que dieran confianza a la institución financiera y al sistema bancario español".
POLITIZACIÓN DE LAS CAJAS Y DE LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA
La Comisión de investigación de la crisis dedicó parte las ponencias a analizar el origen de la crisis financiera y el proceso de salida a bolsa de Bankia.
El grupo parlamentario ha asegurado que la politización de los consejos de administración de las cajas de ahorro fue la causa diferencial de la crisis en España con respecto a otros países. "La politización de los consejos y su conexión con las comunidades autónomas contribuyó a inflar las dinámicas de la burbuja, con la extensión de crédito a menudo guiada por criterios políticos y no de rentabilidad", ha denunciado Ciudadanos.
Asimismo, ha acusado al Gobierno socialista de España entre los años 2008 y 2011 de "faltar a su deber de transparencia y al principio de precaución" al minimizar la gravedad de la crisis en su fase inicial, una decisión para la que considera que no cabe justificación alegando que se pretendía evitar mayores perjuicios a los ciudadanos, ya que el "retraso" en la adopción de medidas adecuadas y decididas "agravó los perjuicios en términos de riqueza y empleo destruidos".
En este contexto, propone adoptar medidas para despolitizar la Administración Pública y para "garantizar la profesionalidad y la imparcialidad" de los nombramientos en el sector público y desarrollar "un control efectivo de las incompatibilidades y los conflictos de intereses".
En esta línea, Ciudadanos también ha señalado que la salida a bolsa de Bankia fue una "decisión política", lo que demuestra "la extensión del poder político sobre los supervisores y la debilidad de los contrapesos y garantías que deben velar por el interés público".
En este sentido, ha indicado que el folleto de su salida a bolsa fue avalado por los gobiernos del PSOE y el PP entre 2011 y 2016. Sin embargo, Ciudadanos considera que el balance inicial no reflejaba la realidad económica de la empresa, ya que ocho meses después de confeccionar el balance, Bankia no solo valía mucho menos, sino que presentaba quiebra técnica.
"El folleto de la salida a bolsa de Bankia, teóricamente el más supervisado de la historia de España, contenía graves inexactitudes. Esto significa que todos los compradores pueden demandar a Bankia por este error en el consentimiento, lo que tendrá previsiblemente un coste cercano a 3.000 millones para la entidad", ha apuntado el Grupo Parlamentario Ciudadanos en su escrito.
