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El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha anunciado la intención de su entidad de impugnar el impuesto temporal a la banca con el que el Gobierno quiere recaudar en torno a 3.000 millones en 2023 y 2024.
Durante su intervención en el III Observatorio de las Finanzas organizado por El Español e Invertia, el CEO de CaixaBank ha considerado que "hay motivos de peso" por los que no se ajusta a la legalidad vigente.
"Tenemos la obligación con todos nuestros accionistas, más de 600.000, de que si hay algo que tiene unos visos de no cumplir determinados principios legales, evidentemente lo recurrimos en su nombre porque somos gestores. El impuesto no me lo han puesto a mí, sino a los 600.000 accionistas, incluida la Obra Social de La Caixa", ha defendido Gortázar.
Además, ha afirmado que la banca "tiene que arrimar el hombro, como todas las personas", pero ha pedido diferenciar entre la tributación de las personas físicas, donde es "justo, necesario y conveniente" que paguen más los que más ganan, de los impuestos a las personas jurídicas.
"Una sociedad porque gane más no debe necesariamente pagar más impuestos porque francamente lo que haces es penalizar el tamaño. Las sociedades tienen que ser más grandes para ser más productivas", ha alegado al respecto.
Con este anuncio, CaixaBank se une a otras entidades que ya han presentado un recurso contra el impuesto, como Sabadell, KutxaBank o Bankinter, así como a las patronales AEB y CECA que también presentaron recurso ante la Audiencia Nacional.
AUTORIDAD DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO
En cuanto a la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyo proyecto de ley está actualmente en trámite parlamentario, Gortázar se ha mostrado de acuerdo en revisar el proceso de reclamaciones con el objetivo de mejorarlo. "Doy la bienvenida a esa mirada fresca hacia la situación", ha señalado.
Sin embargo, ha rechazado la creación de un organismo adicional y ha puesto sobre la mesa el modelo 'twin peaks' con dos autoridades, una encargada de la conducta y otra de solvencia, y que en el caso de España serían el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Evita crear un organismo adicional. Creo que si se puede hacer lo mismo con un organismo menos, es más eficiente", ha sostenido.
También ha criticado la tasa de 250 euros por reclamación tramitada por la autoridad y que deberán abonar los bancos. "No tiene mucho sentido. Es un incentivo evidente a presentar reclamaciones. Se puede mejorar", ha afirmado.
Por último, también ha demostrado su disconformidad con que las resoluciones de la autoridad sean vinculantes para las entidades cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros, mientras que para cuantías superiores será la justicia la que resuelve.
"Necesitamos un mecanismo que reconcilie y que no vayan por un lado las decisiones administrativas y por el otro, la jurisprudencia civil, porque podemos tener dos doctrinas diferentes en función de la cuantía de una reclamación y no en función de la naturaleza de la reclamación", ha precisado al respecto.
