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Banco Sabadell ha reducido su exposición al índice de referencia para préstamos hipotecarios (IRPH) en 25 millones de euros en el primer trimestre de 2020, según consta en el folleto continuado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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Al cierre de marzo, la exposición de Sabadell a préstamos referenciados al IRPH ascendía a 725 millones de euros, frente a los 750 millones con que finalizó el pasado ejercicio. En junio de 2019, la cifra era de 831 millones de euros, por lo que en nueve meses el recorte ha sido de 106 millones de euros.
En el folleto consultado por Europa Press, Banco Sabadell pone de manifiesto que en las reclamaciones judiciales cerradas hasta la fecha, en más del 90% de los casos la sentencia ha sido a su favor por darse las condiciones de transparencia exigidas.
En cualquier caso, menciona que el aumento de los costes legales desde la crisis financiera ha sido generalizado para el sector por el incremento de litigios, sentencias judiciales desfavorables y sanciones a las entidades de depósito, así como por el cambio tecnológico que se está produciendo, con necesidades específicas asociadas a la renovación de infraestructuras y digitalización.
Las provisiones registradas por cuestiones procesales, litigios pendientes y resto de provisiones de Sabadell ascendían a 2014 millones al cierre de marzo, nueve millones menos que tres meses antes, de los que 74 millones de euros correspondían a la posible devolución de las cantidades percibidas como consecuencia de la aplicación de las denominadas cláusulas suelo, frente a los 77 millones provisionados por este concepto al cierre de 2019.
En un escenario remoto en el que la totalidad de potenciales reclamaciones existentes se reclamaran a través de los procedimientos establecidos por la entidad y aplicando los porcentajes de acuerdo actuales, Banco Sabadell calcula que la máxima contingencia sería de 475 millones de euros a 31 de marzo de 2020 (481 millones de euros al 31 de diciembre de 2019).
Por otro lado, Sabadell no ha registrado provisiones por potenciales sanciones en el marco de la investigación que están llevando a cabo las autoridades británicas en relación con las incidencias que se produjeron tras la migración a la nueva plataforma tecnológica de TSB, su filial en Reino Unido, en abril de 2018, una investigación que no ha concluido.
